¿Por qué esta ley, y por qué ahora?
En línea general, el gobierno Rajoy no es muy amigo de las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos, como demuestran ampliamente los obstáculos que el gobierno ha puesto a cualquier investigación de los crímenes del franquismo. Pero, antipatías ideológicas aparte, la urgencia de esta ley tiene una motivación política muy directa: con ella, los jueces no podrán seguir investigando la cúpula del Partido Comunista Chino, acusada de responsabilidades en el genocidio en Tíbet.
Puede aparecer peculiar que un gobierno de derecha, que se autoproclama liberal, ataque de manera tan directa los derechos humanos (uno de los fundamentos del liberalismo) para salvar de los jueces a unos dirigentes comunistas. La explicación en realidad es sencilla y, parafraseando el lema de los detectives franceses, podríamos expresarla como cherchez l’argent !. China es un socio comercial importante para España y, cosa aún más importante, posee el 20% de la deuda pública española en el exterior. Es decir: China ha comprado un quinto del gobierno español. Con esta cantidad de dinero hoy en día se compran muchas cosas, incluso la impunidad para el genocidio.
Se trata, al fin y al cabo, de un simple signo de los tiempos, de una señal de las relaciones de fuerza entre economía y política en la era del neoliberismo. La deuda pública pertenece a la esfera económica, los derechos humanos a la esfera política. Y en un régimen neoliberal la economía prevale sobre la política. Siempre.
Entre las víctimas de estas relaciones de fuerza están el estado nacional-burgués con sus pillares: la soberanía nacional y la democracia representativa.
La soberanía nacional, desde el siglo XVIII, estipula que el poder para resolver los asuntos de una nación reside en la nación misma. Es un principio que, llevado al extremo, proporciona a la derecha la justificación ideológica para acabar con la jurisdicción universal. Sin embargo, es un principio incompatible con la política económica que la derecha está llevando a cabo en España, una política dirigida por organismo no nacionales, organismos “técnicos” no elegido tales como la Comisión Europea, el FMI, o el BCE. Es necesaria una dosis notable de hipocresía para apelarse a la soberanía nacional cuando se trata de atacar los derechos humanos y al mismo tiempo dejar en mano de organismos técnicos internacionales decisiones que han causado pobreza y sufrimiento en los españoles, decisiones políticas que deberían constituir la base de la soberanía.
La democracia representativa asume la existencia de conflictos políticos internos a la ciudadanía, y proporciona un mecanismo, basado en el voto, para resolverlos. Pero la democracia se queda vacía cuando, a causa del poder de la economía, uno de sus principios básicos--los derechos humanos--es ignorado a favor de tiranos con el poder de controlar nuestra economía.
Es probable que los estados nacionales modernos hayan terminado su etapa histórica y que el nuevo panorama económico nos obligue a encontrar nuevas formas de organización política. Es posible también que tengamos que revisar la democracia de tipo burgués-representativo surgida de la ilustración. Luchar para mantener lo que la historia ya ha descartado es una batalla perdida. Pero sí hay que luchar para que los cambios inevitables sean cambios hacia adelante, hacia una mayor participación ciudadana, y no un regreso hacia el totalitarismo, por disfrazado que sea de tecnicismo económico.
La ley del PP, la renuncia a los derechos humanos debida a las presiones económicas nos recuerdan que es esencial recuperar la supremacía de la política sobre la economía; que en 50 años habrá desaparecido el neoliberismo o habrá desaparecido la democracia: los dos son incompatibles.
