La destrucción de la sanidad pública en Madrid

La comunidad de Madrid está lanzando un ataque sin precedentes al sistema público de salud madrileño. Se privatizará la gestión de 6 hospitales, y del 10% de los centros de salud, además de privatizar todos los servicios no-médicos. La comunidad, en realidad, prefiere no hablar de privatización, sino de “externalización”. Pero, dado que el diccionario de la RAE la palabra externalización no aparece, y que la definición de privatización describe exactamente lo que la comunidad está haciendo, seguiré el sentido común antes que la retórica de los políticos, y usaré la palabra privatización.

La comunidad médica al completo está argumentando, con muy buenos argumentos, que la privatización supondrá una reducción de la calidad del servicio y que abre las puertas a un copago para todo tipo de servicios. La comunidad dice que no, y lo sostiene con un solo argumento que, en definitiva, es lo de siempre: no aportar ningún argumento, pero repetir la mentira una y otra vez hasta que se transforme en verdad. Se trata de una fórmula teorizada por Göring y que nuestros políticos del PP han aprendido muy bien.

Se ha hablado mucho de la calidad del servicio, y creo que nadie que refleje sobre el asunto más de dos minutos podrá seguir creyendo en el cuento de hadas de la comunidad. Pero la comunidad también avanza otro argumento, el económico. Se nos dice que las cajas están vacías y que hay que ahorrar dinero. A esto se podría contestar que las cajas están vacías porque el gobierno no quiere cobrar impuesto a los defraudadores y a los ricos, pero quiero ocuparme aquí de otro asunto: ¿tiene fundamento la idea que la privatización ahorrará dinero? El gobierno regional, fiel a su estrategia, sigue diciendo que sí, pero sin argumentar su posición.

Conviene dividir la discusión en dos partes: la gestión privada en un país capitalista que funcione, y la gestión privada en España. El ejemplo más completo de sanidad privada en un país verdaderamente capitalista es EE.UU. Ahora, en 2007, antes de los recortes, España gastaba en sanidad un 9% del PIB, contra un 13% de EE.UU. Con este 9%, España daba a todo el mundo una asistencia sanitaria de altísima calidad, reconocida internacionalmente. EE.UU. con su 13% tenía 40 millones de personas sin cubertura. En EE.UU. una enfermedad seria podía suponer la ruina económica de una familia, en España no. El ejemplo del capitalismo más desarrollado del mundo no parece pintar bien para la gestión privada.

Si queremos datos más cerca de nosotros, en Madrid ya hay hospitales con gestión privada. En 2010, una cama en un hospital con gestión pública costaba a la comunidad (todos los servicios incluido) 270.000 Euros al año. La misma cama en un hospital privado costaba en media 450.000 Euros, con puntas como el hospital Infanta Leonor donde la cama costaba más de 500.000 Euros. Vaya ahorro. A esto hay que añadir que no vivimos en un país liberal-capitalista, sino en España, patria del chorizo. En un país donde el ex-presidente de la patronal ha conseguido quebrar cinco empresas está en la cárcel por estafa. Donde el actual vice-presidente de la patronal (el señor que dijo “se acabó el café gratis para todo”) sobrevive gracias a sus cafeterías en centros públicos, es decir, gracias al dinero del estado. Vivimos en un país donde los liberales son liberales sólo con el dinero de los demás, donde los liberales piden menos gasto público, pero cuando se encuentran en dificultad corren a buscar financiación pública, más o menos legal.

El modelo de sanidad que se quiere implementar en Madrid es el modelo “Valencia,” y es emblemático, en este sentido, el caso estrella de la Comunidad Valenciana, el hospital de Alzira.

En 1999, un consorcio de cinco empresas ganó un concurso para gestionar el hospital de Alzira, en Valencia. Ofrecían un buen precio, pero con una trampa: muchos de los servicios más caros (transporte, oxígeno, refección,...) quedaban a cargo de l comunidad. Incluso así, el consorcio consiguió perder varios millones de Euros en los primeros cuatro años de operación. En un país liberal, esto habría supuesto, naturalmente, la quiebra del consorcio. En España no. La comunidad rescindió el contrato, compensó (!) las empresas con 80 millones de Euros, y volvió a ofrecer la gestión a concurso, a condiciones mucho mejores para la entidad gestora. El concurso lo ganó... pues, sí: el mismo grupo de cinco empresas.

La cosa no sorprende tanto si pensamos que entre las cinco empresas estaba la Caja de Ahorros del Mediterráneo, un banco gestionado más o menos directamente por el PP de Valencia. Se trata, también, de unos de los bancos rescatados por el gobierno central.

Esta es la situación de la sanidad privada en los países donde el capitalismo funciona, y esta es la situación del “capitalismo” en España. Los madrileños tendrán que decidir si quieren que las decisiones sobre su salud las tome un médico o una persona del tipo de las que han llevado los bancos a la quiebra.

La falsa independencia de Más

Es curioso. El discurso independentista del Sr. Más es claramente una maniobra electoral. Cataluña a sufrido recortes brutales, y cualquier presidente que haya puesto en marcha estos recortes sabe bien que no va a ganar las elecciones.

Por tanto, ¿que hace el Sr. Más? Cambia el discurso público: opera de manera tal que ya no se hable de economía, sino de independencia. El tema de la independencia, Más lo sabe bien, es muy popular entre los Catalanes, y esto le pondrá del lado de algo popular y no le marcará como el presidente de los recorte.

Dos cosas me parecen increíbles (bueno, la primera... la segunda no tanto). La primera: que los Catalanes se estén tragando la historieta de Más y no le vayan a castigar por el destrozo que ha causado en el estado de bienestar en Cataluña. La segunda, que toda la prensa de derechas, que presuntamente se opone al Sr. Más, le siga el juego, y hable casi sólo de Cataluña.

En este caso, naturalmente, la cosa no me sorprende demasiado: si la prensa de derechas no hablara de independencia, tendría que hablar de la situación económica y del desastre hacia donde nos está llevando el PP.

Al fin y al cabo, el discurso independentista de Más, por falso que sea, es una maravilla: funciona bien para los nacionalistas catalanes y para los españoles.

Como Einstein se quedó sin sexenios

Una manera importante con que el sistema universitario español premia el trabajo de los investigadores es a través de los llamados "sexénios de investigación". Prácticamente, cada periodo de seis años de actividad investigadora es evaluado, puntuado, y según los puntos que se han recibido, la universidad nos concede un pequeño aumento de sueldo.

A primera vista parece una idea excelente: la universidad quiere fomentar la investigación, y en nuestra sociedad en que el prestigio social proviene sólo del dinero, un aumento de sueldo es una buena manera de premiar quien hace bien la actividad que se quiere fomentar. Sería fenomenal vivir en una sociedad que asociara el respeto a la cultura, pero no es así, y mientras que vivimos en esta sociedad, los sexénios son un buen método de recompensa, y un buen método para animar a los universitarios en hacer una mejor investigación.

Se trata de un método tan lógico que el Ministerio, evidentemente, no podía implementarlo sin introducir alguna chapuza burocrática, sin someterlo a su forma peculiar de surrealismo burocrático.

 La ciencia se ha definido, desde su principio, por el método peer review, es decir, el método en que un investigador es juzgado por sus pares: por otros investigadores que trabajan en su mismo campo. Lo lógico, por tanto, sería enviar el nombre de un investigador que trabaja, que sé, en visión por ordenador a Alex Pentland del MIT, a Sergie Belongie de UCSD, o a uno de los miles de investigadores que se ocupan de los mismos asuntos y pedirle un juicio sobre el trabajo se los seis años que se están evaluando. El Ministerio, por supuesto, ha decidido de otra manera. La evaluación la hace gente que no ha publicado absolutamente nada en el campo que van a juzgar. ¿Como juzga? Pues, a través de una tabla que asigna un "peso" a revistas y congresos. Las consecuencias son las de siempre: no se premia a quien hace un trabajo de calidad, sino a quien conoce mejor las idiosincrasias del ministerio, y trabaja en una manera "ministerialmente correcta".

Un buen ejemplo, en el campo de la informática, es la valuación de las publicaciones en congresos. Los caminos misteriosos del Ministerios han hecho sí que ciertas publicaciones, las publicadas por la editorial Springer Verlag en su series Lecture Notes on Computer Science, den muchos puntos, muchos más que las publicaciones en otros congresos. Pero, al mismo tiempo, a nivel internacional, los congresos de más prestigio son los organizados por las asociaciones ACM (Association for Computing Machinery) e IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers). Estas asociaciones poseen sus propias editoriales, y publican sus propias actas. Por tanto, las publicaciones en los congresos de gran prestigio (publicadas por ACM e IEEE) valen menos, en los ojos del Ministerio, que las publicaciones de segunda, publicadas por Springer. Para los sexenios, se puntúa más un notable que una matricula de honor. Quien sabe como maniobrar el ministerio consigue más puntuación de los que simplemente hacen investigación de alta calidad.

Otro ejemplo curioso, y muy típico de la absurdidad burocrática en que nos encontramos a operar, es el hecho que, para conseguir la puntuación no es suficiente hacer buena investigación: es necesario demostrar que, durante los seis años, el investigador trabajaba en una organización que, institucionalmente, hace investigación. Se trata de una cuestión curiosa en cuanto la calidad de la investigación se mide con los resultados publicados en revistas y congresos peer reviewed, y no depende de donde una persona trabajaba cuando ha conseguido estos resultados.

En 1905, Albert Einstein publicó en la revista Annalen der Physik cuatro artículos que empezaron la revolución de la física del siglo XX: uno sobre el movimiento browniano, uno sobre el efecto fotoeléctrico, y dos sobre la teoría de la relatividad. Tal fue el impacto de estos artículos que los históricos de la ciencia hablan de 1905 como de un annus mirabilis, comparable sólo al 1666, año en que Newton, en aislamiento forzado por la epidemia de peste en Londres explicó la naturaleza de la luz, descubrió la ley de gravitación universal, y creó el cálculo infinitesimal. Ahora bien, en 1905, Einstein trabajaba como examinador en la oficina de patentes de Berna, una organización que no hacía investigación. Los cuatro artículos cambiaron el rumbo de la física pero el Ministerio no habría reconocido a Einstein ni un sexenio.

Como siempre, nuestra amada burocracia empieza con la intención declarada de medir una cosa y acaba midiendo otra. Por alguna extraña razón, el principio muy sencillo que si se quiere premiar A hay que medir A todavía se le escapa a nuestra administración. Al final, la burocracia ministerial mide siempre y sólo una cosa: la conformidad con la burocracia ministerial.

¿Democracia, o no?

Hace unos días, la prensa de derechas ha criticado a Candido Méndez, el secretario del sindicado UGT, por ciertas declaraciones en que aparentemente llamaba "ficticia" la mayoría absoluta del PP, y dudaba su legitimidad. Un editorialista (de cuyo nombre no quiero acordarme) lo ha acusado simple y llanamente de apoyar la tiranía y de tener una actitud profundamente anti-democrática al no respetar el instituto electoral: “Poner en duda la limpieza de los resultados de las últimas elecciones generales, sólo se le ocurre a un defensor del pensamiento único establecido como instrumento del poder.”

Ver a la derecha criticando a los líderes sindicales no es algo que llame mucho la atención. Supongo que conseguirían criticarle incluso si Méndez o Toxo (el secretario de CC.OO.) salvaran a un niño (ya veo los titulares: Méndez y Toxo "salvan" a un niño en vez de preocuparse por los trabajadores: ¿para esto pagamos al sindicato?). Candido Méndez no es exactamente mi héroe sindical, ni su sindicado (demasiado cercano a la esfera del poder) mi modelo, pero en este caso me parece que algo de razón la tenga. Por lo menos, el argumento sublevado es interesante y merece atención: ¿hasta que punto el sistema político Español puede llamarse democrático? ¿Que grado de legitimidad democrática tiene la mayoría absoluta del PP?

(En esto quiero dejar al margen el debate, por cierto muy interesante, sobre los límites de la democracia representativa y parlamentaria. Pongámonos por el momento dentro del sistema de democracia burguesa tal como se ha desarrollado en Europa en los últimos 200 años y, por el momento, aceptémoslo como hipótesis de discusión.)

El hecho de tener elecciones, de por si, no garantiza una democracia. Cuba tiene elecciones y también las tiene la Rusia de Putin, dos sistemas que creo muy pocos se atreverían a llamar democrático. Para calificarse como legitimo en el sentido de la democracia representativa, además de las elecciones deben darse ciertas condiciones.

La primera, hay que tener la posibilidad teórica de una elección entre alternativas reales. El sistema español cumple esta condición hasta cierto punto. En práctica, la escena política española se ve dominada por dos partidos muy similares (PP y PSOE), pero hay, por lo menos en teoría, otras elecciones: IU, los partidos nacionalistas como Amaiur, los partidos de la izquierda radical, etc.

La segunda condición es que todas las posiciones puedan presentarse a los electores. Aquí las cosas no están tan claras. Según Hannah Arendt, el espacio político necesita no sólo la libertad de expresar opiniones, sino también la posibilidad de ser oídos por los demás. Oído no quiere decir escuchado: cada uno se puede negar a escuchar opiniones que no les gusten, pero sí hay que tener la posibilidad de que las opiniones sean oídas. La libertad de palabra se queda vacía si no hay posibilidad que las ideas sean escuchadas. Esta condición se cumple, en España así como en el resto de la "democracias" de manera muy imperfecta.  Los grandes medios de comunicación, máxime la televisión, viven de publicidad y por tanto dependen de las empresas y a menudo no tienen otra elección que defender sus intereses. Quien no lo hace acaba como el periódico “Público” que, a pesar de tener más lectores que muchos periódicos de derechas, tuvo que cerrar por falta de publicidad. El pensamiento único impera en los grandes medios, y las ideas alternativas están condenadas a expresarse en medios con difusión marginal. Internet puede mejorar la situación en este sentido pero, a pesar de su éxito, se trata todavía de un medio minoritario, sobre todo en cuanto arena de debate político.

La tercera condición es que todos los ciudadanos puedan votar y que todos los votos sean contabilizados. Es decir, que no haya intimidación o dificultades interpuestas a una clase de ciudadanos, y que no haya fraude burdo donde simplemente se tiran papeleta y se las remplazan con otras. Aquí, afortunadamente, las cosas no van tan mal en España. Más o menos todo el mundo puede ir a votar con tranquilidad, y más o menos todos los votos se cuentan. La cuestión no es baladí en cuanto hay países considerados la cuna de la democracia que no la cumplen. Sólo hay que preguntarle a algún negro pobre que vive en el sur de EE.UU. En las elecciones de 2000, en Florida (el Estado que dio la victoria a Bush) se limpiaron las listas electorales de gente que tenía condenas por “felony”. Esta gente vive sobre todo en distritos pobres, y el gobernador (Republicano) dio explícitamente la orden de ser “generosos” con la limpieza: a la mínima sospecha, fuera. Mucha gente cuyo nombre se parecía a el de un criminal llegó a votar el primer martes de Noviembre y se dio cuenta que no podía. En España hay muchos problemas pero, por lo menos, no estamos a estos niveles.

La cuarta condición es que la asignación de escaños en el congreso refleje más o menos el resultado de las urnas. Hay dos versiones de esta condición: una fuerte y una débil. La condición fuerte es la de proporcionalidad: un partido debería tener una representación parlamentaria más o menos proporcional a los votos recibidos. Esta condición claramente no se cumple en España: en las últimas elecciones el PP recibió una mayoría absoluta de escaños con sólo un 44% de votos. Las consecuencias son importantes: en el debate sobre los recortes de Julio 2012, todos los partidos, excepto el PP, votaron en contra. Es decir, los partidos que representan al 56% de los votantes votaron en contra, y sólo el partido que representa al 44% votó a favor. El sistema electoral español hace sí que una medida a que se oponen (según el voto) el 56% de los españoles sea aprobada.

La versión débil de la condición sostiene que si un partido A recibe más votos de un partido B, entonces B no puede tener más escaños que A. Se trata de una condición fundamental para que la democracia funcione: no sirve tener libertad de voto, pluralidad de opiniones, acceso al voto, si luego quien recibe menos votos tiene más escaños. Por increíble que pueda parecer, esta condición en España no se cumple. En las últimas elecciones IU (1.600.000 votos) obtuvo 11 escaños, UPyD (1.150.000 votos) obtuvo 5 y CiU (1.000.000 votos) obtuvo 16. Con menos votos que UPyD, CiU tiene tres veces el número de escaños. A UPyD un escaño le costó 228.000 votos, a CiU 63.000.

El incumplimiento de la cuarta condición, incluso en su versión débil pone en entredicho la existencia de un régimen que se pueda llamar “democrático” en España. Es cierto, tenemos todas las garantías necesarias para ir a votar. A pesar de que los medios de comunicación estén en manos de los grandes partidos, una persona con algo de recursos puede conseguir información de buena calidad. Pero, ¿para que sirve todo esto? ¿Si al final la relación entre votos y escaños es tan distorsionada que se crean mayorías absolutas de la nada y quien recibe menos votos tiene más representantes, podemos decir que vivimos en una democracia?

Quizás sería más correcto decir que la transición se quedó a medias: ya no vivimos en una dictadura, pero el pasado fascista tuvo bastante poder como para impedir que a finales de los años ’70 se creara en España una democracia de verdad. Quizás en ese momento esto fue inevitable, el precio que hubo que pagar para salir del fascismo sin una guerra civil. Pero ya han pasado casi cuarenta años desde la muerte del dictador (no mencionaré su nombre: no le daré la dignidad de un nombre), y las escusas se están acabando. En 1978 no había otra opción que una democracia imperfecta, esto lo puedo entender. Pero, ¿Qué hemos hechos desde entonces? Ya es el momento de que dejemos atrás la dictadura, y que creemos un sistema democrático para que, por fin, podamos tener un gobierno y un parlamento que de verdad representen al pueblo español. Porque Candido Méndez tiene razón: este gobierno, seguramente, no lo representa.

Porque no me gusta el deporte

Muchos amigos me preguntan porque le tengo tanta manía al deporte. Creo que soy uno de los pocos que no viéron la final del mundial hace dos años, uno de los pocos que no viéron la otra final que no me acuerdo de que era el mes pasado, y ahora soy uno de los pocos que no han visto nada de los juegos olímpicos. Sin embargo, cuando mis amigos dicen que le tengo manía al deporte no dicen la verdad. Es cierto que el deporte no me gusta y que, sobre todo visto en televisión, me aburre profundamente. Pero manía como para decir manía, esa la tengo sólo al deporte profesional.

De hecho hace muchos años incluso veía, de vez en cuando, algo de los juegos olímpicos. Los dejé sólo cuando permitieron la participación de atletas profesionales, a partir de 1988. Con la entrada de los profesionales y con los intereses publicitarios, los juegos olímpicos se han transformado simplemente en un títere de las grandes empresas, en un vehículo publicitario.

En 1980 más de 60 países boicotearon los juegos de Moscú para protestar la invasión soviética de Afganistán. Se puede estar de acuerdo o no con este boicot, pero demuestra que había cuestiones importantes en el mundo, y que los juegos no se quedaban al margen. En 2008 se propuso un boicot de los juegos en Beijing para protestar la falta de derechos humanos en China. Ningún país aceptó la propuesta: los intereses económicos eran demasiado grandes. Las empresas de cada país no estaban dispuestas a renunciar a las ganancias que los juegos proporcionaban. Lo mismo se puede decir, más o menos, para todo deporte profesional de gran atractivo popular.

Lo que quizás más me molesta es la importancia que la sociedad otorga a esta burda muestra de poder publicitario a costa de otras manifestaciones culturales que yo encuentro más importantes.

Estoy seguro que todos los ganadores de medallas serán recibidos por el Rey, el presidente del gobierno, y una plétora de pequeños caciques locales. Pero hace un tiempo tres adolescentes españoles ganaron la “Google Science Fair”, una competición científica a nivel mundial. Nadie les recibió. El Rey ni se dio cuenta, y el Sr. Rajoy tampoco.

Quien ganará una medalla de oro en los juegos recibirá casi 100.000 Euros, y cada jugador de la selección recibió 300.000 Euro para ganar el torneo de este año. Los ganadores de las Olimpiadas de Física, es decir, algunos de los adolescentes más brillantes de España, recibían la increíble suma de 300 Euros. Digo recibían porque en la última edición el ministerio decidió que no podía permitirse los premios, y los ganadores no recibieron nada. Esto si, los clubes de fútbol tienen una deuda de 750 millones con Hacienda que nadie piensa pedirle. Para algunas cosas no hay dinero, para otras, sí.

Por esto no me gusta el deporte profesional. Porque vivo en un país donde a los deportistas se le da todo, pero a los jóvenes brillante se les olvida. Vivo en un país donde te dan becas y privilegios si sabes golpear una pelota, pero si eres un genio de la bioquímica quizás no podrás estudiar porque las matrículas del master son prohibitivas. Vivo en un país donde los deportistas tienen una visibilidad mediática absoluta, pero los científicos, los filósofos, los literatos no los conoce nadie.

Este país parece tener un plan claro, por suicida que sea: criar generaciones de tontos, dejar que los brillantes se vayan, y ganar muchos trofeos deportivos para que estén pegado a la televisión, no se quejen demasiado y, sobre todo, para que compren y consumen.

Poca gente, en realidad, “ve el deporte”. Me pregunto, por ejemplo, cuantos fanáticos del fútbol sabrían juzgar un partido desde el punto de vista exquisitamente técnico. No es esta, en realidad, la función del deporte. El deporte, en la sociedad de consumo de masa, es un canal para crear y dirigir emociones. La gente se encuentra sola y hay que darle algo para que se sientan identificados, que se sientan parte de un grupo. No se explica, si no, porque la gente tuviera una tal reacción frente al hecho de que once profesionales pagados por una sociedad de Madrid meta más o menos goles que once profesionales pagados por una sociedad de Barcelona. Racionalmente, la cosa no tiene sentido: se trata de una carga emotiva construida artificialmente. Necesitamos apasionarnos en algo. Que nos apasionemos a la política y a las cuestiones sociales (como pasó en 2011 durante el verano del 15M) es demasiado peligroso: mejor que nos apasionemos en algo tan inconsistente como una pelota.

No es una casualidad que buena parte de la iconografía de las olimpiadas moderna (inclusa la antorcha olímpica) fueran creadas por los Nazis en ocasión de las olimpiadas de Berlín de 1936. Los Nazis eran expertos en propaganda, y además de la radio y de las grandes celebraciones triunfales, habían entendido perfectamente la utilidad de las grandes manifestaciones deportivas.

El deporte es un elemento clave en la sociedad que se está preparando: una sociedad inculta, dócil con el poder y violenta en privado (las discusiones sobre la interpretación de Copenhague de la física cuántica no terminan nunca a hostias, las de fútbol a veces sí). Una sociedad que no hace preguntas. Se trata de una sociedad que no me gusta y en que no me identifico, y el deporte profesional es una de las armas de destrucción masiva que se usan para imponerla.

Un bastón puede tener muchas funciones útiles, pero se puede usar también para pegar al perro, y por esto al perro el bastón no le gusta. Por la misma razón a mi no me gusta el deporte.

Angela Merkel, presidente del gobierno español

La Cancillera Alemana Angela Merkel sostiene que España tiene que recortar más en sanidad y educación, y deja claramente entender que cualquier ayuda a su desastrada deuda pública será condicionada a la implantación de recortes  como estos. Se trata de un salto cualitativo importante e inquietante.

Con esta declaración, la Sra. Merkel ya no está poniendo unos objetivos macroeconómicos que el país tiene que cumplir: está directamente dictando la política económica y social que el gobierno español tiene que seguir. Hay muchas maneras de reducir el déficit: se puede recortar en educación y sanidad (como, desgraciadamente, ya se ha hecho), se puede recortar en otras cosas (que se... los beneficios a la iglesia o los cargos políticos), se pueden subir los impuestos (sobre todo a los más ricos, como sería justo). La decisión sobre lo que hay que hacer es una decisión de soberanía nacional, que debería decidir el gobierno elegido por los españoles.

Por poco que me gusten sus decisiones, el Sr. Rajoy es el legítimo presidente del gobierno, recibió votos de los españoles. La Sra. Merkel no.  El Sr. Rajoy tiene una legitimidad democrática relativamente limitada (consiguió el 44% de los votos, lejos de la mayoría absoluta que tiene en el congreso) pero, mientras que no cambiemos el sistema electoral, es lo más cerca que tenemos a un gobierno democráticamente elegido. Con estas declaraciones, una nación extranjera, una nación que en muchos sentidos está sacando partido de las dificultades de España e Italia, nos impone medidas sociales.

Con estas declaraciones se acelera la erosión de la soberanía nacional provocada por los mercados. La legitimidad democrática, ya reducida por un sistema electoral poco representativo, se reduce a una charada. Nuestra prima de riesgo está en las manos del Sr. Draghi, y ahora, parece, nuestra sanidad y educación en las de la Sra. Merkel. ¿Podemos decir que tenemos un sistema democrático cuando el gobierno del país no puede tomar decisiones?  Muchos de nosotros están en profundo desacuerdos con las decisiones del gobierno actual, y están intentando causar su dimisión a través de la presión social. Pero, ¿para qué, si cualquier gobierno no puede hacer otra cosa que recibir las órdenes del BCE, del FMI y de la cancillería alemana?

La situación en que nos encontramos se parece a la de muchos países latinoamericano en el siglo XIX, tras la independencia, cuando gobiernos formalmente nacionales seguían a la letra las instrucciones de Inglaterra (y, más tarde, de EE.UU.). Ya hemos visto en qué situación una tal dependencia ha dejado estos países.

A menos que el no reaccionemos, a menos que reafirmemos que las decisiones fundamentales de un países pertenecen a sus ciudadano, nos transformaremos pronto en una colonia de Alemania y de los mercados. Y ni Alemania ni los mercado están trabajando para el bienestar de los españoles.

El coche-tanque y la cohesión social

El otro día asistí a un pequeño incidente, casi imperceptible, que pero me generó mucha preocupación sobre del futuro de la cohesión social y de la idea misma de comunidad. Sabemos de sobra que el neoliberismo, la sociedad del consumo y la carrera suicida hacia el "privado" están haciendo desaparecer el sentido del "público" y las relaciones sociales, pero no está mal, de vez en cuando, recordar el problema.

Hace algunos días, sobre las 12, los trabajadores del Ministerio de Sanidad de Madrid organizaron una manifestación, y bloquearon el paseo de Recoleto en el sentido de Atocha a Neptuno. Durante el bloqueo se dieron cuenta de que una ambulancia, con las sirenas encendidas, había aparecido, cerca de Atocha, en el carril Bus (el de la derecha), y se encontraba bloqueada por el atasco que la manifestación estaba causando.

Inmediatamente liberaron el carril Bus y empezaron a hacer grandes gestos a los autobuses y los taxi que se habían quedado allí bloqueado para que circularan, liberando así la ambulancia. Pues, en cuanto el tráfico empezó a moverse, varios coches bloqueados en los otros carriles empezaron a invadir el carril Bus, de manera tal que la ambulancia siguió sin poderse mover.

Afortunadamente, cuando los manifestantes se dieron cuenta del problema removieron completamente el bloqueo, todos los carriles se movieron y la ambulancia consiguió salir del atasco.

Ahora bien, me pregunto: ¿que tipo de persona invade un carril Bus bloqueando a una ambulancia con la sirena encendida? ¿Una ambulancia que, se supone, tiene prisa para poder salvar la vida a alguien? ¿Que tipo de persona puede considerar que ahorrar diez minutos vale más que la vida de otro?

El incidente es pequeño, pero me ha dado escalofrío. Las relaciones sociales han llegado a un punto de ruptura. Décadas de sociedad materialista, de sociedad de consumo nos han transformado en islas. Vivimos barricados en casa o en comunidades cerradas, salimos encerrados en nuestros coche, no queremos saber nada de los demás. Lo que no es nuestro, lo que no aparece en el horizonte de nuestro egoísmo, es como si no existiera.

Esta tendencia es evidente incluso en el diseño de nuestro mundo, por ejemplo en la manera en que el diseño de los coches ha cambiado (no me siento de decir "evolucionado"): el capó se ha hecho más altos, las ventanillas más pequeñas. Los coches se parecen cada día más a máquinas de guerra. Ya no son coches sino tanques. Se trata de coches agresivos, dentro de ellos uno se mete como en un tanque, aislado de los demás, preparado par dar batalla.

La policía, el miedo, y las hostias

Por casualidad, siguiendo enlace tras enlace y empezando ya no recuerdo de donde, acabo en un foro de agentes de la UIP (la Unidad de Intervención Policial, más conocidos como los “antidisturbios”). Alguien, a finales Febrero, había publicado un artículo sobre las nuevas iniciativas del 15M, y varios agentes y oficiales (incluso un comisario) lo han comentado. Uno de los comentarios dice:

Yo desde hace dos meses que entró el Partido Popular en el Gobierno me siento mas fuerte, las hostias pesan mas y hago mas daño, si, soy mas duro, me ha salido una coraza de acero en el pecho.

Este comentario me preocupa, y no creo exagerar diciendo que esta persona no debería ser policía, mucho menos UIP. En cualquier sociedad civil, la policía tiene un lugar muy delicado, en cuanto están legitimados al uso de la violencia. Este uso está, claramente, reglamentado pero en algunos casos (es el caso del UIP), hay amplio espacio para la discreción del agente. En el medio de una manifestación, con gente que corre y grita, con gente que se pone violenta y otros que no, no es fácil reglamentar las actuaciones: la decisión de usar o no medios violentos se basa sobre todo en el juicio y en el sentido común del agente que se encuentra allí en ese momento.

Por esto un requisito imprescindible para ser policía, y máxime para ser UIP debería ser el odio a la violencia. Odio a la violencia no quiere decir que un policía nunca podrá usar la violencia (si no, se el derecho al uso legítimo de la violencia que la ciudadanía le otorga se quedaría vacío). Un policía no violento que se vea agredido, o que vea a un ciudadano en peligro de agresión usará sin duda la violencia, y este uso será plenamente legítimo. Pero un policía ideal debería considerar la violencia como una ultima ratio, incluso como un fracaso: la violencia policial, por justificada que pueda ser, supone un fallo en la sociedad civil, sobre todo cuando se emplea en una manifestación.  A menos, naturalmente, que no estemos de acuerdo con un inspector jefe que escribe, en el mismo foro

Es que la policía no está para ayudar, está para dar miedo, no nos llevemos a engaños.

Entiendo que el trabajo de la policía es un trabajo duro y poco agradecido. Entiendo que los policías se encuentren a menudo en situaciones difíciles y peligrosas, que a veces tienen que tratar con gente a que yo, por suerte, no tengo ni que acercarme. Entiendo que a veces el uso de la violencia es inevitable. Respeto mucho el trabajo de los UIP, y reconozco la necesidad de su presencia cuando haya una manifestación o una concentración. La gran mayoría de ellos son gente honrada que hace un trabajo difícil y poco pagado.

Pero, de toda manera, me da un poco de miedo pensar que la persona que escribió el comentario arriba vaya por la calle con una pistola y una porra.

Los mineros y las dictaduras

Hace justo 50 años la huelga de los mineros en Asturias representó la primera grande huelga de la dictadura y, según algunos historiadores, el punto inicial de un largo proceso que había que culminar, 16 años más tarde, en la constitución democrática. La huelga de los mineros representó un punto de inflexión, el principio del fin de la dictadura franquista.

No es quizás una coincidencia que  la huelga de 1962 fuera en parte una consecuencia del Plan de Estabilización, una reforma de carácter liberal que, lanzada unos años antes, habría efectos nefastos sobre una industria española, entonces como ahora, lacrada por una endémica falta de inversión y de capacidad empresarial. Muchos empresarios españoles, entonces como ahora, parasitaban sus empresas en lugar de desarrollarlas. Se trata de una clase de hidalgos más que de una burguesía moderna.

Recordar la huelga de 1962 es importante porque hoy también nos encontramos frente a una movilización masiva de los mineros Asturianos (y no sólo), y porque hoy también vivimos en el medio de una dictadura. La única diferencia entre hoy y hace 50 años es que el dictador no es una persona, sino un concepto: el mercado o, para usar una expresión mediáticamente correcta, “los mercados”. Se trata de una dictadura que encuentra su expresión en los economistas alumnos de Friedman, en los banqueros inversores, en los especuladores. Se trata de una dictadura curiosa en cuanto cada uno de sus personajes principales es remplazable. Cada uno podría desaparecer y su función podría ser asumida por cualquiera de los miles de clones que tienen en el mundo. Mario Draghi, Angela Merkel, Christine Lagarde, Rodrigo Rato, Cristobal “que se hunda España” Montoro… todos estos protagonistas son en realidad funciones de un mecanismo. Y, si esta naturaleza funcional de las personas no elimina ni atenúa su responsabilidad en el pillaje de mundo que se está llevando a cabo, la capacidad del mecanismo de mercado para remplazarlo hace esta dictadura especialmente peligrosa.

Que estemos viviendo en una dictadura lo reconoce el mismo Mariano Rajoy.  Cuando el presidente de un Gobierno, es decir, de un poder soberano, comunica al congreso (el representante de la soberanía popular) que el gobierno no tenía la libertad de decidir si ciertas medidas (como la subida del IVA) se iban a implantar o no, cuando el gobierno admite que en este momento sólo puede ejecutar las medidas que los mercados, a través de la comisión Europea, están dictaminando, entonces tampoco los españoles son libres. Entonces las elecciones, que a pesar de sus tremendas limitaciones constituían la única legitimación posible de un gobierno, se han transformado de verdad en una farsa. Los españoles ya no eligen un poder político. Los españoles se limitan a elegir que partido gestionará las decisiones que se toman en otro lugar.

Como escribía Hannah Arendt, el espacio de la gestión no es un espacio de libertad. Si asumimos que el actual sistema económico tiene que seguir sin cambios, entonces las decisiones que se nos imponen son las únicas posibles. Es necesario que los pobres se hagan más pobres, y que la riqueza se concentre en pocas manos. Todo esto es sólo gestión. La posibilidad política, la elección de libertad, sería un espacio en que todo se puede debatir, en que nos podamos poner el problema de si queremos que este sistema económico siga o si queremos cambiarlo. Pero esta discusión es hoy imposible. El espacio político de libertad en que se podría poner, nos es negado. La dictadura no lo permite.

Sólo podemos tener, en este momento, una esperanza. Que en 50 años algún historiador escriba que la huelga de los mineros de 2012 (y, quiero añadirlo, el movimiento 15M de 2011) representó una inflexión, el principio del fin de la dictadura neoliberal de los mercados.

La universidad y la industria

Él 17 de Junio el periódico “El País” publicó un artículo titulado “Los informáticos no entienden de paro”. Representantes de las empresas declaraban que tenían ofertas de trabajo que no conseguían cubrir. Como causas apuntaban, por un lado a causas demográficas y, por el otro, a faltas de la universidad: “Existe un problema grave y es que la universidad sigue demasiado centrada en la investigación. Algo falla cuando la prioridad de un profesor es publicar un estudio académico en lugar de entrar en contacto con empresas”.

También se comparaba la situación de la universidad española con la de las universidades Americanas: “En muchos centros técnicos de EE UU, del MIT al Georgia Institute of Technology, renuevan las asignaturas cada seis meses, lanzan nuevos cursos cada año, fomentan la creatividad y colaboran con las empresas. Es un ambiente vivo, en constante cambio.”

A raíz de este artículo, escribí una carta al director de “El País”. La probabilidad de que esta carta llegue a publicarse son escasa, por tanto, para los interesados, la reproduzco aquí.

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Estimado director,

el artículo Los informáticos no entienden de paro (El país, 17 Junio 2012) es interesante, pero presenta el problema de las relaciones entre academia e industria desde un solo punto de vista: el de la industria. Quisiera proponer aquí cinco puntos, personales, que pero podrían tener cierto interés, en cuanto representan un punto de vista académico.

Primero: la universidad y la industria son dos organizaciones distintas, con estructura, objetivos y papeles sociales diferentes. La industria está para ganar dinero, la universidad para educar. Se trata de dos papeles sociales útiles y, en principio, ninguno merece más respecto que el otro, pero olvidando su diferencia fundamental no ayudamos ni a la industria ni a la universidad. Las dos proposiciones  “la industria debe funcionar según criterios académicos” y “la universidad debe funcionar según criterios industriales” carecen igualmente de sentido, pero la segunda es impuesta cada día más como una verdad evidente e indiscutible.

Segundo: cada persona u organización mira al futuro antes de tomar decisiones importantes.  La distancia en el futuro de este “horizonte temporal” es una característica del tipo de organización. Las empresas de alta tecnología tienen un horizonte temporal de unos dos años; la universidad tiene como horizonte temporal la duración de la vida intelectual activa de los estudiantes: unos cincuenta años. (La formación continua a lo largo de la vida no cambia este horizonte temporal, ya que nunca más una persona tendrá cuatro años dedicado únicamente a su educación superior: en estos cuatro años hay que construir fundamentos.) Con horizontes tan diferentes, es normal que la universidad y la industria tengan problemas para entenderse. Lo absurdo sería pedir que no los tuvieran, y lo más absurdo que la universidad tenga que adaptarse a un horizonte temporal que no es el suyo.

Tercero: se nos propone muchas veces como ejemplo la universidad americana, pero no se habla casi nunca del papel de la industria americana, un papel sin que la universidad americana no podría existir. La industria tecnológica americana, basada en el capital de riesgo, dispone de recursos invierte en educación y en investigación básica, y una cultura industrial que la impulsa a hacerlo. La industria americana dona dinero a la universidad sin objetivos directos, simplemente para crear un ambiente en que se produzcan personas preparada, y para fomentar la investigación básica--el laboratorio en que trabajaba en UCSD recibía cada año alrededor de 50.000 dólares en donativos sin obligaciones: dinero que podíamos gastar como queríamos. La industria española no ha demostrado ser capaz, cultura y económicamente, de este tipo de financiación masiva y sin retorno inmediato. (Se trata de una industria muy rígida, y el artículo de El País proporciona una prueba indirecta: las empresas se quejan de que no consiguen bastante ingenieros, pero no se le ocurre, para conseguirlos, ni la solución capitalista: ofrecer sueldos mejores, premios, trabajos m\'as interesantes, ofrecer becas o financiación a la investigación para conseguir personas más preparadas. La industria española no reconoce ni siquiera la preparación que supone un doctorado.)  Sin un entorno económico-industrial adecuado, hablar de modelo americano es un espejismo o, peor, un engaño con el único objetivo de eliminar la financiación pública a la universidad.

Cuarto: En realidad, en España, donde la industria de alta tecnología prácticamente no existe, la universidad debería contribuir a crearla. Pedir a las escuelas técnicas de la universidad, que se pongan al servicio de la industria así como está es pedirles que baje su calidad.  Lo que hay que pedirles es que contribuyan a crear una industria de alta tecnología. Es lo que hizo la universidad de Stanford en los años '30, y el resultado es lo que hoy conocemos como Silicon  Valley. Stanford lo consiguió  a través del capital de riesgo. Dada la cultura económica de España, aquí esto se podrá conseguir sólo con financiación pública.

Quinto: es cierto que la universidad española es incapaz de renovarse. Es cierto que en el MIT cada año se ofrecen nuevas asignaturas, y cada profesor tiene el poder de inventarse una, mientras que en España todo tiene que pasar por el filtro (lento y de muy baja calidad) del ministerio y de la ANECA. Se trata de un problema real, un problema que, lamentablemente, se ha ido acentuando en los últimos años con la llamada “reforma de Bolonia”. Los márgenes de autonomía de los docentes, ya muy limitados, se han restringido. El ministerio está poniendo una camisa de fuerza a la universidad y, lamentablemente, hay muchos en la universidad que se encuentran muy bien en ella (una camisa de fuerza elimina la responsabilidad del docente, la libertad de cátedra la acentúa)  Se trata, en el fondo, de un problema cultural. En EE.UU. la situación normal es que cada docente haga lo que quiera, y la normativa es un mal necesario que se crea sólo allí donde esta libertad podría crear problemas. En España la normativa es la situación normal, y hay que crearse pequeños espacios de autonomía dentro de la jaula normativa. No se puede pedir a la universidad la flexibilidad del MIT y al mismo tiempo atarla con normas rígidas; hay que ser coherentes.

Cuando se presentan argumentos de este tipo, la reacción normal es que se reconozca su validez pero se añada: tienes razón, pero la situación es lo que es. Las cosas han cambiado y ahora hay que adecuarse. Se trata del argumento, conocido y pernicioso, del final de la historia. Las cosas han cambiado, pero ya no van a cambiar porque la historia se ha acabado. Hemos llegado al final. Sin la tesis del final de la historia no se entendería porque los mismos que reconocen que un cambio muy profundo ha ocurrido deberían sostener que ya no se va a producir ningún cambio más, que desde hoy todo va a quedar igual.

Pero las noticias de la muerte de la historia podrían ser un tanto exageradas. Como nos recuerda Alain Badiou en su último libro, la historia ha dormido durante treinta años, pero parece que se está despertando.

Bankia y el mal Rato del PP (pun intended...)

El fracaso de Bankia representa, comprensiblemente, un dolor de cabeza en el PP. Se trata (Caja Madrid primero, Bankia después), de su banco estrella, en cuyo consejo de administración los consejeros nombrados por el PP han siempre tenido la mayoría, cuyos directores han siempre sido nombrado en la Calle Génova o a lado del Km. Cero. Banikia, lo recordamos, era el ejemplo de la capacidad gestora del PP.

Con su caída, el PP se encuentra en una situación de gran embarazo, justo lo último que necesita en el momento en que los mercados dan la espalda al Sr. Rajoy. Es comprensible, en esta situación, que intenten descargar las responsabilidades del Sr. Rato echándoselas al Sr. Ordoñez.

Hay que entendernos. Las responsabilidades de Ordoñez son muchas y profundas. Fue él que, hace pocos meses, defendía los planes de recortes del gobierno y la reforma laboral, diciendo que España necesitaba sobre todo una reforma de la contratación ya que el sistema financiero era sólido. Esto no tiene escusa: el Sr. Ordoñez debía haber dimitido inmediatamente, y sus responsabilidades deben ser investigadas. Lo que se merece, si no la cárcel, es terminar en la cola del INEM (cosa que, lamentablemente, no pasará).

Pero nada de todo esto quita un gramo de responsabilidad al Sr. Rato. El Sr. Ordoñez fue un mal controlador, pero las decisiones que han llevado a la quiebra de Bankia las tomó el Sr. Rato. Fue suya, por ejemplo, la decisión de no fusionar Caja Madrid con La Caixa, la única entidad con bastante liquidez para cubrir los problemas financieros de Caja Madrid. Un control insuficiente es un problema para el país, pero no elimina las responsabilidades de quien toma las decisiones. Como mínimo, el Sr. Rato debería estar en la cola del paro junto al Sr. Ordoñez, y si el gobierno tuviera contra estos impresentables la mitad de la contundencia que tuvo con los miembros del 15M ya estarían allí.

Podemos hacer un paralelo imperfecto pero no tanto. Si un ladrón atraca una tienda aprovechando que el guardia de seguridad se pasa los días durmiendo, pues, el guardia de seguridad es un incapaz, pero el ladrón sigue siendo un ladrón, y tiene toda la responsabilidad del robo. Me parece que la situación, entre Ordoñez y Rato, esté un poco en estos términos.

En cualquier caso, me parece una vergüenza que el PP se niegue a una comisión de investigación. Vamos a entregar a Bankia 23.000 millones de nuestro dinero. Tenemos el derecho de saber que ha pasado y quien fue responsable. Tenemos el derecho a ver que esta gente paga por sus errores, y no se jubila con 14 millones mientras que la gente que ha trabajado honestamente toda su vida tiene que pagarse el ambulancia.

Pobre Rajoy, solo y abandonado.

La situación del gobierno español empeora cada día. El Sr. Rajoy ha apuntado todo en el respaldo de los mercado y de la Sra. Merkel. Pero los mercados ha seguido especulando, la recesión causada por los recorte ha hundido la bolsa y subido la prima de riesgo (como todos, excepto el PP, decían que iba a pasar), y la Sra. Merkel sólo sabe hablar del pacto fiscal. Un pacto que está hundiendo Europa pero que le sale muy rentable a Alemania.

Irónicamente, ahora Rajoy necesitaría abandonar a la Sra. Merkel y acercarse a las posiciones de Hollande, que con su enfásis en el crecimiento y en un cambio de la política del BCE puede ayudar a España, pidiendo que el BCE compre deuda, una operación vetada por Merkel.

Es decir, para poder levantar a España, el gobierno tendría que hacer un giro de 180 grados en sus alianzas. También necesitaría un gan apoyo de las partes sociales, apoyo que ha perdido, quizás irreparablemente, por su arrogancia. Durante sus primeros 100 días, cuando todavía confiaba en el apoyo del mercado, el Sr. Rajoy ha aprobado medidas claramente ideológicas (y económicamente inútiles) como la reforma laboral. Ha renegado incluso el acuerdo negociado entre los sindicados y la patronal en enero.

Ha aprobado recortes drásticos a golpe de decreto, fuerte de su mayoría absoluta y sin buscar un acuerdo con la oposición o con las partes sociales: ha recortado la sanidad sin hablar co los médicos y la educación sin negociar con los profesores. Esta arrogancia ha aislado al gobierno dentro de su país: ningún partido, excepto el PP, ha aprobado los presupuestos 2012, pero el PP se ha negado a consierar toda enmienda. Ahora el gobierno se encuentra aislado en España y, en Europa, aliado con quien propone políticas que están hundiendo a España.

Los únicos que ahora pueden salvar a Rajoy son, irónicamente, los objetivos de sus peores críticas ideológicas: Obama y Hollande.

A ver como salen de esta...

It´s the economy, stupid! (20 years later...)

Mientras la economía se desploma, la prima de riesgo sube más que la adrenalina antes de un examen, y la bolsa se desploma más que la adrenalina después del mismo examen, los medios, sobre todo los de derecha, apuntan unánimemente a Grecia como  causa de todo. Es el contagio griego, nos dicen.

Se trata, sin embargo, de los mismos medios que, con una prima de riesgo de 200 y una situación igual de grave en Grecia apuntaban, hace un año, al gobierno Zapatero. La culpa, nos decían los exponentes del PP y los medios de derecha, es del gobierno. Una prima de riesgo de 200 quiere decir que los mercados no confían en el gobierno español, que el gobierno no es capaz de inspirar confianza. El plan del PP, nos decían, es precisamente esto: hacer todo lo que haga falta para inspirar confianza. La prima de riesgo bajará enseguida. Lo que puede cambiar con una elección ganada y con una mayoría absoluta. Ahora la falta de confianza de los mercados ya no es culpa dl gobierno, sino de Grecia. Magic.

A parte la burda retórica de la derecha, la escusa no tiene mucho sentido. No soy economista, pero, de vez en cuando, intento usar el sentido común. Si la situación griega pusiera en peligro la supervivencia del Euro, claramente los inversores abandonarían el Euro y comprarían la otra moneda refugio: el dólar. Por tanto, una crisis generalizada del Euro se vería sobre todo en una subida dramática y repentina del valor del dólar. Ahora bien, es cierto que el Euro está perdiendo valor respeto al dólar, pero, desde el máximo de los últimos 120 días (1.3511) hasta ahora (1.2738) ha perdido un 6%, y vale más del valor mínimo de los últimos 120 días (1.2669 el 16 de enero). Esta no me parece una fuga del Euro.

Además, la prima de riesgo es un factor diferencial, medido con referencia al bono Alemán. En una crisis generalizada del Euro, el bono Alemán también tendría que pagar intereses más altos, y la prima de riesgo no subiría tanto. El bono Alemán, pero, es más estable que nunca.

La subida de la prima de riesgo, en otras palabras, es debida totalmente o casi a problemas internos de la economía Española, en particular a dos: la exposición de los Bancos, y la recesión causada por las medidas de recorte del gobierno.

Sigo usando el sentido común. En la época de la burbuja inmobiliaria los bancos, en lugar de conceder préstamos a actividades productivas y de fomentar la industria, han especulado con casas y terrenos. Casas y terrenos que ahora valen una fracción de su valor. Para poder especular, los bancos españoles pidieron préstamos a los bancos Franceses y Alemanes y ahora no tienen valor para garantizar estos préstamos. Por tanto los bancos se hunden.

Todo el mundo sabe que es necesaria una intervención pública, ya sea de la manera éticamente correcta (nacionalizar los bancos y arruinar a los responsables: en un mundo perfecto, Rato estaría en la cola del INEM) o como se está haciendo (regalando dinero sin pedir responsabilidades). A los mercados esto poco les importa: los mercados se pasan de la ética. Pues, ¿de donde saca España este dinero? No lo puede sacar del banco de España ya que, gracias a la locura de la normativa Europea, ha perdido el control sobre su propia deuda soberana, por tanto se ve obligado a pedir préstamos en el mercado internacional. Pero, ¿Cómo va a pagar los préstamos un país que acaba de hundirse? Hay que recordar que España por un lado no tiene industria y, por el otro, los recortes del gobierno, sobre todo en investigación y educación, garantizan que España no va a tener una industria avanzada durante muchos años. Además los recortes acaban de generar una recesión, y con la recesión disminuye la base fiscal y el gobierno se queda sin dinero.  Por tanto, prestar dinero a España es un riesgo, pero todo el mundo sabe que España va a necesitar mucho dinero.

Los mercados no son buena gente: se trata de especuladores que te pueden matar para quitarte la cartera. Como los especuladores están reaccionando a las dificultades de España se puede saber simplemente escuchando el telediario.

Hasta que continúen los recortes que hunden nuestra economía, hasta que se sigan premiando los que nos han llevado a la crisis y no se pidan responsabilidad, la situación no cambiará, Grecia o no Grecia.

Los inmigrantes, la sanidad, y los titulares.

Entre los recortes al estado de bienestar aprobados por el gobierno Rajoy está la decisión, a partir del 1 de Septiembre, de eliminar la asistencia sanitaria pública a los inmigrantes indocumentados.  Es oportuno preguntarse porque se ha tomado esta decisión ya que desde los puntos de vista económico y social no tiene mucho sentido.

Económicamente, la medida supondrá, según el gobierno, un ahorro de unos 150 millones al año. En realidad, en todos los países en que se han intentado este tipo de medidas, los ahorros se han revelado ilusorios, y se ha llegado incluso (es el caso de California en los años ’90) a la conclusión que la medida suponía un gasto adicional. El problema es que los indocumentados enfermos, sin posibilidad de recurrir al médico de familia, esperarán hasta que su condición sea tan grave como para garantizarle la asistencia en urgencia. Asistir un enfermo grave en urgencias es, claramente, mucho más caro que atender un enfermo en un centro de salud, y muchos países se han dado cuenta que el gasto adicional es a menudo superior al ahorro.

Desde el punto de vista de la salud pública se trata de una medida muy peligrosa: vamos a tener enfermos, posiblemente con enfermedades contagiosas, que seguirán en la calle sin control  médico por falta de papeles. Esto supone un riesgo para todos: las bacterias no piden pasaporte. Se trata, en este caso también, de un fenómeno que se ha observado en otros países que han adoptado este tipo de medidas, máxime en California. Dada la densidad de población en Los Angeles y en Madrid, diría que cualquier efecto negativo para la salud pública que se observó allí lo vamos a observar nosotros multiplicado por cinco o seis veces.

¿Por qué, entonces, se ha tomado esta medida? La razón no es económica (ningún economista serio lo sostendría) ni social, sino mediática. El gobierno está tomando una serie de medidas sumamente impopulares y necesita que se hable de ellas lo menos posible. Para esto, es necesario crear titulares que puedan, por lo menos en la prensa de derecha, remplazar las malas noticias. La prensa de derecha ha conseguido evitar hablar de muchas de las últimas medidas dedicando titular tras titular a la nacionalización de YPF, pero ahora necesita algo más. Una medida populista como esta es lo ideal para desviar el discurso público y atenuar los comentario sobre las medidas que, de verdad, van a afectar a los españoles.

No se trata de una estrategia nueva. La usó, por ejemplo, la Casa Blanca de Reagan en 1983. En Beirut, un terrorista suicida mató a más de 300 soldados Americanos. Pasada la primera emoción, la prensa americana empezó a preguntarse si de verdad la misión en Líbano servía a los intereses de EE.UU. Unas semanas después, el ejercitó americano invadió la isla de Grenada.  La Casa Blanca consiguió su objetivo: ya no se habló de la oportunidad de quedarse en Beirut.

Ahora nos encontramos frente a una estrategia parecida, con una medida económicamente inútil, socialmente dañina, que pero sirve para evitar que en la prensa se hable de otras medidas, mucho menos populistas. Está en nuestras manos hacer sí que la estrategia no funcione.

¿Derechos humanos o neocolonialismo?

Los días 13 y 14 de Marzo asistí a un seminario sobre “Democracia y Derechos humanos” organizado por la Universidad Autónoma de Madrid con la cooperación de Amnesty International. El seminario fue bastante interesante, se habló de las cosas que uno puede esperar en un seminario de este tipo: la historia filosófico-política de los derechos humanos, el papel de los derechos humanos en la educación, la crisis de las democracias. Todo interesante, todo según un guion bastante conocido. No surprises.

El segundo día, durante el debate que siguió la primera charla, un participante hizo una pregunta que removió bastante las cosas. Empezó como la típica pregunta en un país Latino: extremadamente larga (en estas latitudes, cada pregunta es una mini-charla), que empieza enmarcando un problema, enmarcando el discurso del poniente en ese problema, agradeciendo al poniente su intervención, resumiendo la intervención, resumiendo la historia de la filosofía occidental, resumiendo la carrera de quien pregunta, y así siguiendo. (A veces pienso divertido que mis colegas Americanos se marcharían en masse tras la primera pregunta: las preguntas Latinas son casi tan larga y retorcida como mis escritos.)

Hacia el final de la intervención, el “storm in the little philosophic teapot” (como diría Fodor); la pregunta incómoda: ¿son los derechos humanos otra forma encubierta de neo-colonialismo? Al fin y al cabo, se trata de una invención occidental, y de una invención bastante reciente (no llega a los trescientos años). El Occidente la ve como un valor universal, e intenta imponerla en todo el mundo. ¿No se trata de la definición misma de colonialismo cultural? El preguntante observó como algunas culturas precolombinas no tenían un concepto de derechos humanos individuales al estilo occidental, pero sí garantizaban a las personas como parte de un conjunto y en este conjunto se añadían derechos que los occidentales no reconoce, como los del medioambiente.

La cuestión es embarazosa, y la intervención generó mucho debate. El argumento preferido de quien contestó (incluso varios de los ponientes) fue que en realidad los derechos humanos son más que un concepto cultural que estamos exportando. Se trata de algo que forma parte de la naturaleza del ser humano. Es cierto que fue la Europa ilustrada quien enunció por primera vez los derechos humanos con la claridad que conocemos hoy, pero no por eso se trata de una invención del siglo XVIII. En realidad, las personas, por su naturaleza, tienen un concepto de derechos humanos. Los derechos humanos son parte de nuestro ser social, y la definición del siglo XVIII simplemente enunció lo que ya existía.

Me parece un argumento inválido. Los derechos "del hombre" (para la mujer habrá que esperar más tiempo) de tipo occidental surgieron en el siglo XVIII y no antes simplemente porque no podría darse un concepto de derechos humanos sin la idea moderna de individuo, una idea que empieza a desarrollarse en el siglo XVII. Para Aristóteles o para Santo Tomás, el discurso sobre los derechos humanos no habría tenido ni pie ni cabeza. En la síntesis medieval, el mundo era una pirámide con Dios en la cima, un puzle en que cada pieza cumplía una misión, la Ciudad terrena era un complemento de la Ciudad celeste, y cualquier violación del orden establecido no era una violación de los derechos humano, sino una ofensa a Dios. Incluso la duda de Antígona, al límite del concepto Griego de ciudadanía, no es una cuestión de dilema entre polis y derechos de la persona, sino un dilema entre dos grupos, la polis y la familia, en que el individuo está integrado y que, solos, le otorgan sentido.

Sólo con el individuo agente, con el individuo moderno, con la consideración de una sociedad como suma de individuos, en lugar del individuo como pieza del tejido social, sólo entonces se puede poner el problema de los derechos humanos. Foucault sostuvo (el L'ordre des choses) que el sujeto moderno nace a finales del siglo XVIII, con Kant. Con Kant el problema de la representación (que, nos cuenta otra vez Foucault, esta vez en Les mots et les choses, ya constituía el episteme de la época clásica) toma una dirección nueva: sólo podemos conocer el mundo así como lo experimentamos, a través de nuestro aparato categórico, y no cómo es de verdad. El sujeto racional asume un papel central en el problema del conocimiento. Al mismo tiempo, con Kant, el sujeto se desdobla. Por un lado, somos la transcendental unit of apperception (no sé cómo se dice en Castellano...), la fuente de las condiciones que hacen posible el conocimiento. Por el otro lado somos objetos de conocimiento, objetos en el mundo. Como objetos del conocimiento somos vinculados a las cadenas de la causalidad, como unidades trascendentales somos necesariamente libres (si no caeríamos en la antinomia de la razón práctica). Quizás es un poco exagerado declarar, como hizo Foucault, que hasta el siglo XIX el hombre no existía, pero parece claro que sin este estado dual del hombre, sin esta libertad transcendental a la base de los imperativos morales, tampoco se podría poner la cuestión de los derechos humanos. No es causalidad, claramente, que la primera declaración de los derechos del hombre se produjera también hacia finales del siglo XVIII, y que naciera en los mismos ambientes ilustrados de que Kant escribirá la filosofía.

Tampoco podemos decir que con el nacimiento del hombre moderno y con el problema de la libertad la cuestión de los derechos humanos quedara zancada. Bertrand Russell nos cuenta que Bentham dividió los artículos de la Déclaration des droits de l'homme en tres grupos: los ininteligibles, los falso, y los que tenían las dos características.

En resumen, los derechos humanos no son un hecho natural, no hay un gen de los derechos. Las sociedades más estables que la historia ha conocido no han tenido derechos humanos. Se trata de un hecho cultural, conectado con una concepción del individuo ilustrada y, por tanto, europea. Quien comenta que exportar los derechos humanos es un acto de neocolonialismo tiene buena parte de razón.

Por otro lado, incluso quien sostiene esta tesis estará dispuesto, de alguna manera, a admitir que existe algo en los derechos humanos que podemos considerar universal. El capitalismo es sólo un sistema económico, e imponerlo es un acto colonialista. Las religiones monoteístas son fenómenos culturales particulares. ¿Los derechos humanos son diferentes? ¿Tenemos el derecho en imponerlos? Nos encontramos en un camino muy estrecho entre el relativismo y el absolutismo. No hay que rechazar demasiado el relativismo: no nos olvidemos que la falta de relativismo es precisamente lo de que acusamos a los fundamentalistas. Pero, de alguna manera, creemos, honestamente, que los derechos humanos son diferentes. ¿Porque pensamos que sea licito para las poblaciones extra-Europea oponerse a la exportación del capitalismo, y no a la exportación de los derechos humanos?

Es posible que cada cultura con una historia bastante larga haya encontrado en su camino algún principio que se pueda considerar universal. Este principio es la contribución de esa cultura a la historia de la humanidad. Es muy probable que la cultura occidental tenga mucho que aprender en materia de relaciones sociales armoniosas, de justicia social, de igualdad, o de relación con el medio ambiente. Otras culturas, quizás, han encontrado soluciones en estos campos y deberían poderlas exportar. Quizás la cultura Europea ha encontrado, por casualidad histórica, el concepto universal de derechos humanos. Se trata de nuestra contribución a la historia de la humanidad.

Exportar los derechos humanos de tipo ilustrado es en parte un acto de violencia cultural, y buena parte el problema consiste en determinar quien tiene la legitimidad para cargarse de este acto. Tenemos, por ejemplo, todo el derecho a dudar de la legitimidad de los gobiernos occidentales. ¿Puede exportar derechos humanos quien ha apoyado a Pinochet, Trujillo o Suharto? La OTAN bombardeó Serbia en 1999 para defender los derechos humanos en Kosovo, al mismo tiempo en que apoyaba a Indonesia en su genocidio en Timor Este, al mismo tiempo que Turquía (miembro de la OTAN) intensificaba su ofensiva contra la población Kurda. Los EE.UU. invadieron Iraq para eliminar el mismo dictador que en los años '80 financiaban. Se negaba cualquier ayuda a misiones de paz en Sierra León, pero se financiaba con 1.000 millones de dólares el ejército Colombiano (e, indirectamente, los grupos paramilitares) y la represión anti-campesina en Guatemala.

Aún si admitimos la validez universal del concepto de derechos humanos, cualquier propuesta que venga de gobiernos con esta historia de actuaciones será vista, correctamente, como un acto de neocolonialismo.

Sólo con la creación de organismos internacionales, en que todas las culturas se encuentren, en que todas las culturas contribuyan a la definición de estos derechos, será posible que los derechos humanos sean reconocidos como derechos universales, por encima de las diferencias históricas y culturales.

Financiación privada, sin privados

Las recientes declaraciones del gobierno sobre la financiación privada de la universidad confirman una continuidad entre el gobierno Rajoy y el último gobierno Zapatero. En un documento de 2010 (Estrategia Universidad 2015: La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación e innovación) el ministerio de Universidad delinea una forma de financiación que anuncia la que el gobierno Rajoy quiere implantar:

incentivar cada vez más a las universidades que incrementan

sus recursos mediante la apelación al sector privado.

El ministerio declara apertamente la fuente de estas ideas, que son "inspiradas al modelo USA (sic.)".

Estas palabras necesitarían un profundo debate social sobre las diferencias culturales entre España y EE.UU., sobre la distinta historia y el distinto papel social y cultural de las universidades en ambos países. Habría que abrir un debate político sobre la universidad pública, sobre el papel de la educación (¿cultural o mercantil? ¿formación de ciudadanos intelectualmente sofisticados o de técnicos de empresa?), sobre el conocimiento (¿bien público o de mercado?), sobre el papel de las humanidades (¿bien cultural o educación fuera del mercado?). Si, como decía el ministerio en 2010, la globalización es un hecho, habrá que discutir si hay para ella otra respuesta a parte de la aceptación completa y acrítica que se nos propone.

Pero, dejemos todo esto. Aceptemos, por amor de discusión, que el modelo Americano, con su relación estrecha entre Universidad e industria, ea incondicionalmente positivo, por lo menos para las facultades técnico-científicas, y ocupémonos por el momento sólo de estas, ya que el ministerio mismo no deja tan claro cuál será el papel de las humanidades en su visión mercantilista de la universidad. El problema es: ¿funcionaría en España un modelo parecido?

Hay buenas razones para pensar que no. En EE.UU. este modelo funciona por la presencia masiva de una industria de tecnología avanzada con un gran interés en el desarrollo de la investigación científico-tecnológica de base. Este interés no nace de necesidades puntuales y específicas, sino de la idea que una sociedad avanzada será, directa o indirectamente, beneficiosa para la industria. En 1993 trabajé en los laboratorios de IBM en San José, CA. Allí había, entre otros, un grupo de matemáticos que se ocupaba de teoría de la computación, y un grupo que se ocupaba de física teórica. En la universidad, IBM financiaba todo tipo de investigación de base, desde la teoría de los números hasta la etnometodología. La mayoría de las grandes empresas tecnológicas de EE.UU. tenían una política de financiación parecida. Sin una presencia masiva de este tipo de industria, y sin el tipo de inversión que esta industria representa, el modelo Americano hubiera sido inviable.

En España no existe una sólida de industria tecnológicamente innovadora. Las industrias españolas son, en máxima parte, usuarios de tecnología--incluso de tecnología muy avanzada--pero no son creadores. La industria española, así como se configura hoy, no invertirá en educación superior ni en investigación, simplemente porque no necesita doctores ni los resultados que estos puedan conseguir. Las industrias españolas pagarán para la educación de técnicos poco formados y poco pagados y para una investigación que reducirá la universidad un departamento de desarrollo de proyecto a bajo precio.

Los programas de la "Estrategia 2015" prevén una universidad al servicio de las empresas. En un país donde las empresas son tímidas, jerarquizadas y poco innovadoras esto supone bajar la calidad de la universidad a niveles mínimos. Ya tenemos una universidad que, a parte notable excepciones, no goza de gran prestigio mundial. La "estrategia 2015" nos hará desaparecer del mapa.

En nuestra situación económica y cultural, tendría mucho más sentido dar la vuelta al modelo Americano, desvinculando la universidad de las empresas tradicionales, incapaces de apoyar una universidad de alto nivel. En lugar de poner la universidad al servicio de las empresas, tendría mucho más sentido usar una fuerte inversión pública para transformar la universidad en un líder, en un invernadero para una nueva cultura del desarrollo y de la innovación.

Hay un precedente a que, con las debidas atenciones a las diferencias culturales y a los diferentes equilibrios entre público y privado, nos podemos inspirar: la Universidad de Stanford en los años '30. Construida en el medio de una zona, entonces, profundamente rural y en el medio de la gran depresión, Stanford formaba estudiantes demasiado preparados para su entorno económico. La Universidad usó sus contactos con mecenas y capital de riesgo para hacer lo que en España--a falta de una cultura del riesgo y de una verdadera burguesía emprendedora--se podría hacer con la ayuda del Estado: usar el conocimiento para cambiar su entorno. En el caso de Stanford, el resultado fue lo que hoy conocemos como Silicon Valley, en el caso de España, debería ser un nuevo modelo de desarrollo adapto a las circunstancias en que nos encontramos. El experimento podría funcionar o no (aceptarlo es parte de la cultura del riesgo que nos falta); cierto, no será peor que volver a fomentar la economía del ladrillo y la burbuja inmobiliaria como, parece, el gobierno está haciendo.

Copiar acriticamente el modelo Americano, que no funcionaría en nuestra situación y que incluso en EE.UU. ha entrado en crisis, destruirá la universidad sin ayudarnos a crear un modelo productivo moderno, y nos dejará en las manos de una industria arcaica y anquilosada.

Incluso para copiar hace falta un poco de sentido común.

Contra la crisis, vuelve la burbuja inmobiliaria

La crisis ha tenido consecuencias muy graves en España sobre todo porque su economía se basaba en medida excesiva en el ladrillo. España nunca tuvo un verdadero desarrollo industrial, ni una verdadera burguesía industrial, y son estas cosas que habría que fomentar para cambiar el modelo productivo, sobre todo fomentando la creación de industrias innovadoras y fomentando la investigación y el desarrollo avanzado.

Este era un análisis compartido más o menos por todos: derecha, izquierdas, analistas, economistas, emprendedores.

En palabras, of course.

Ahora las medidas del gobierno: se penaliza el consumo con un impuesto que golpea sobre todo a la clase media (el 60% de la recaudación del aumento del IRPF provendrá de los sueldos inferiores a 53000 Euro). Se protegen los patrimonios improductivos, negándose a recuperar el impuesto sobre el patrimonio. Se aumenta el desequilibrio del sistema fiscal (España tiene una presión fiscal entre las más bajas en Europa, pero es sexta por imposición al trabajo): se desincentiva el trabajo y se incentiva la renta pasiva. Se elimina el ministerio de Ciencia, y se elimina, en práctica, la investigación con un recorte de 600 Millones de Euros. Tras dos años en que el gobierno Zapatero ha recortado o congelado, este recorte supone un golpe mortal a la investigación en España. Los mejores investigadores se marcharán (los que se marchan son siempre los mejores, ya que son los que más fácilmente encuentran trabajo en el extranjero). Los burócratas de la investigación, los que fuera de España no encontrarían nada, se quedarán.

El problema, en términos económicos, es sencillo: ¿queremos investigadores de calidad en España? Los investigadores de calidad son relativamente pocos, y todo el mundo intenta llevárselos. Para que se queden hay que darle una buena compensación económica (es curioso que un gobierno que se declara capitalista no aplique aquí una de las normas más básicas del capitalismo) y condiciones para poder hacer bien su trabajo. Si no se las damos, los buenos se irán, y nos quedaremos con los que el resto del mundo no quiere.

Una cosa (entre muchas, sin embargo) diferencia España de los países punteros de Europa, de los que han sufrido mucho menos la crisis: un modelo productivo basado en el conocimiento, una educación bien financiada y de calidad, y una gran consideración, económica y social para la investigación. En el medio de una crisis al principio de que estábamos más cerca de Grecia que de Finlandia, el gobierno ha decidido que la mejor solución es alejarnos de Finlandia y acercarnos a Grecia.

Finalmente, vuelve una de las estrellas de la burbuja inmobiliaria: la deducción por compra de vivienda, una de las medidas más contraproducentes del modelo fiscal español. Es una desgravación que sale muy cara: en 2008 llegó a costar más de 6.000 millones de euros. Es regresiva, porque beneficia más a las rentas más altas y se llega al absurdo de que el Estado subvencione, por ejemplo, mansiones de varios millones de euros si se trata de la “vivienda habitual”. Y además es injusta, porque realmente no ayuda a las familias, sino a las empresas del ladrillo: los vendedores acaban repercutiendo esa deducción en el precio final.

En definitiva, las medidas del gobierno miran a confirmar un modelo económico basado en la construcción. Justamente el modelo económico que nos ha llevado a la crisis.