Entre los recortes al estado de bienestar aprobados por el
gobierno Rajoy está la decisión, a partir del 1 de Septiembre, de eliminar la
asistencia sanitaria pública a los inmigrantes indocumentados. Es oportuno preguntarse porque se ha tomado
esta decisión ya que desde los puntos de vista económico y social no tiene
mucho sentido.
Económicamente, la medida supondrá, según el gobierno, un
ahorro de unos 150 millones al año. En realidad, en todos los países en que se
han intentado este tipo de medidas, los ahorros se han revelado ilusorios, y se
ha llegado incluso (es el caso de California en los años ’90) a la conclusión
que la medida suponía un gasto adicional. El problema es que los indocumentados
enfermos, sin posibilidad de recurrir al médico de familia, esperarán hasta que
su condición sea tan grave como para garantizarle la asistencia en urgencia.
Asistir un enfermo grave en urgencias es, claramente, mucho más caro que
atender un enfermo en un centro de salud, y muchos países se han dado cuenta
que el gasto adicional es a menudo superior al ahorro.
Desde el punto de vista de la salud pública se trata de una
medida muy peligrosa: vamos a tener enfermos, posiblemente con enfermedades
contagiosas, que seguirán en la calle sin control médico por falta de papeles. Esto supone un
riesgo para todos: las bacterias no piden pasaporte. Se trata, en este caso también,
de un fenómeno que se ha observado en otros países que han adoptado este tipo
de medidas, máxime en California. Dada la densidad de población en Los Angeles
y en Madrid, diría que cualquier efecto negativo para la salud pública que se
observó allí lo vamos a observar nosotros multiplicado por cinco o seis veces.
¿Por qué, entonces, se ha tomado esta medida? La razón no es
económica (ningún economista serio lo sostendría) ni social, sino mediática. El
gobierno está tomando una serie de medidas sumamente impopulares y necesita que
se hable de ellas lo menos posible. Para esto, es necesario crear titulares que
puedan, por lo menos en la prensa de derecha, remplazar las malas noticias. La
prensa de derecha ha conseguido evitar hablar de muchas de las últimas medidas
dedicando titular tras titular a la nacionalización de YPF, pero ahora necesita
algo más. Una medida populista como esta es lo ideal para desviar el discurso
público y atenuar los comentario sobre las medidas que, de verdad, van a
afectar a los españoles.
No se trata de una estrategia nueva. La usó, por ejemplo, la
Casa Blanca de Reagan en 1983. En Beirut, un terrorista suicida mató a más de
300 soldados Americanos. Pasada la primera emoción, la prensa americana empezó a
preguntarse si de verdad la misión en Líbano servía a los intereses de EE.UU.
Unas semanas después, el ejercitó americano invadió la isla de Grenada. La Casa Blanca consiguió su objetivo: ya no se
habló de la oportunidad de quedarse en Beirut.
Ahora nos encontramos frente a una estrategia parecida, con
una medida económicamente inútil, socialmente dañina, que pero sirve para
evitar que en la prensa se hable de otras medidas, mucho menos populistas. Está
en nuestras manos hacer sí que la estrategia no funcione.
