Como recortar un metro sin que nadie se dé cuenta

Por si alguien entre los (muy escasos) futuros lectores de estas líneas fuera director del metro de alguna gran ciudad europea, aquí tengo un método muy bueno para recortar trenes manteniendo lo que los americanos llaman deniability, es decir la capacidad de decir a la prensa que nada está pasando manteniendo al mismo tiempo una cara razonablemente seria. Os lo ofrezco gratis.

Consideremos una línea de metro de 60Km de longitud y digamos, para simplificar las cuentas, que los trenes viajan en ella a una velocidad de 60 Km/h. La frecuencia es de un tren al minuto. A 60 Km/h los trenes recorren 1 Km en un minuto, por tanto, para mantener la frecuencia, en la línea habrá un tren cada quilómetro. En total, en cada momento, habrá 60 trenes en la línea.

Ahora reducimos la velocidad de los trenes a 30 Km/h. Para recorrer un quilómetro los trenes tardan ahora 2 minutos por tanto si mantenemos la distancia de un quilómetro entre los trenes, su frecuencia se reducirá a un tren cada dos minutos. Habrá protestas, sin duda, pero no usted no se preocupe: podrá aparecer frente a la prensa y decir, sin mentir, que el número de trenes no se ha reducido. Y tendrá razón: en cualquier momento en la línea hay 60 trenes, exactamente como antes, un tren por cada quilómetro. El tiempo de espera ha aumentado a causa de la menor velocidad, claro, pero usted, como buen político, sabe muy bien como dar las vueltas a las cosas citando sólo los datos que le interesa citar.

Ahora deje pasar un año o algo más, para dar a la gente el tiempo de acostumbrarse a los nuevos tiempos de espera. La gente, usted lo sabe bien, tiene la memoria corta, y no habrá que esperar demasiado. Digamos un año y medio, para estar seguro.

Tras año y medio, haga que los trenes vuelvan a su velocidad normal, 60 Km/h, pero reduzca su número a la mitad. Ahora hay sólo 30 trenes en la línea al mismo tiempo, a una distancia de dos Km el uno del otro: a 60 Km/h los trenes tardarán dos minutos en recorrer los dos Km, por tanto el tiempo de espera será lo mismo: dos minutos. Es improbable que alguien proteste, pero, si alguien lo hace, usted podrá declarar a la prensa que se trata de una mentira: el tiempo de espera medio es exactamente el mismo que el año pasado: dos minutos.

Así habrá conseguido lo que quería: recortar a la mitad el número de trenes pudiendo siempre declarar, sin mentir, que en realidad no ha cambiado nada, y que no se está recortando nada.

Tenía pensado vender este plan a la comunidad y el ayuntamiento de Madrid, que gestionan sistemas de transporte de tamaño considerable. Pero me he dado cuenta que el año pasado la comunidad declaró que había reducido el número de trenes en un mero 10%, mientras el tiempo de espera medio se ha más que duplicado. También me he dado cuenta que en cierto tramos de la red diseñados por velocidad de unos 110 Km/h los trenes viajan ahora a 30-40 Km/h.

He llegado tarde: ya han descubierto el truco antes que yo. De hecho, ahora estoy incluso un poco preocupado: ¿no será que al final me van a denunciar por haberles robado la idea?

La buena suerte olímpica de Madrid

Esta vez Madrid ha tenido suerte. Mejor dicho: el Comité Olímpico Internacional la ha salvado de su propia locura, de la de sus administradores y, siento mucho decirlo, de la de muchos (demasiados) de sus ciudadanos. ¿Cómo es posible que una ciudad que no tiene dinero ni siquiera para garantizar los servicios básicos (es lo que nos dicen nuestros políticos locales) pueda pagar una manifestación tan estrafalaria e inútil como los juegos olímpicos?

Madrid está destruyendo su educación y su sanidad públicas porque, nos dicen, no hay dinero. Madrid está sucio y huele a basura. En Madrid se ha aumentado el billete de Metro, pero se ha reducido la frecuencia de los trenes, su velocidad y su mantenimiento. Cada día más escaleras mecánicas están averiadas, el Metro también está sucio y huele mal. Obvio: se ha recortado el personal, se ha despedido a gente. No hay dinero.

Pero, según nuestros políticos, si hay dinero para despilfarrar en dudosos sueños olímpicos, en este reality show de mal gusto creado por y para la televisión (hay que ser honestos y admitirlo: los juegos olímpicos son un espectáculo televisivo que poco tienen que ver con el espíritu de Pierre de Coubertin).

Pues, en este caso queremos saber cuánto ha costado esta aventura inconsciente. Cuánto los estudios de factibilidad, los proyectos, las presentaciones, las 180 personas que han volado a Buenos Aires cuya identidad es tan difícil acertar (la delegación más numerosa, para el país con más paro). Queremos saber cuántos profesores, cuantos médicos se podían contratar con este dinero, cuanto personal de limpieza y mantenimiento. Cuantos conductores de Metro.

No es difícil entender porque los políticos están tan entusiasmados con la perspectiva de los juegos: se trata de un gran negocio. En el país de los sobres, de Gürtel, de los tesoreros con millones en Suiza, unos juegos olímpico suponen mucho, pero mucho dinero a repartir. Y, además, traen una popularidad que puede dar un vuelco a unas elecciones: juegos para neutralizar las chapuzas, la corrupción, la incompetencia.

Las preguntas más difíciles no tienen que ver con los políticos, sino con la gente. ¿Cómo es posible que las plazas se llenen más para seguir la asignación de los juegos que para defender la educación pública? ¿Cómo es posible que en las ventanas se vean más banderas cuando juega la selección que trapos blancos para protestar contra la privatización de la sanidad? ¿De verdad la gente está tan cegada por el deporte que lo considera más importante que sus condiciones de vida?

Mucha gente sabe que los juegos olímpicos suponen un gasto insostenible que recaerá sobre los más desfavorecidos en el medio de una crisis brutal, frente a unas ganancias dudosas, para pocos, en siete años y muy concentradas en el tiempo. (La mayoría de las ciudades que han organizado los juegos han acabado perdiendo.) Suponen la creación de grandes estructuras centralizadas y sub-explotadas en lugar de instalaciones deportivas de barrio donde la gente pueda efectivamente hacer deporte.

¿Cuántas personas que estaban celebrando esta perspectiva de gasto insensato se encuentran en el paro, no pueden pagar la hipoteca, la educación de sus hijos o sus recetas? ¿Cuántas de estas personas usan regularmente un Metro cada día más degenerado? ¿Cuántos de los 180 miembros de la delegación española lo hacen?

Es difícil también imaginar porque tantas personas identifican su orgullo de pertenecer a una nación con el hecho de que esta nación gane competiciones deportivas u organice un espectáculo televisivo a carácter deportivo. Un científico, un literato español que ganaran el premio Nobel, un matemático que ganara la medalla Fields, pasarían casi desapercibidos. Una película española que ganara la Palma de Oro no reuniría multitudes ni produciría un evento tan excepcional como la aparición del Presidente del Gobierno sin la mediación de una pantalla de plasma. O, lo que es peor: un político que limpiara la ciudad e hiciera funcionar los servicios recibiría una fracción de los votos de un político que despilfarrase el dinero en juegos olímpicos.

Al final, la gente tiene lo que pide: un país con una selección de fútbol que gana torneos, pero un país en bancarrota cultural y ética, con un sistema educativo que se derrumba y una universidad entre las últimas de Europa.

Richard Rorty, la escuela y la universidad

En un artículo escrito a finales de los años '80, el filósofo Americano Richard Rorty observó una "división de influencias" entre las partes políticas en el sistema educativo americano(1). Con todas las simplificaciones que este tipo de clasificaciones supone, Rorty observa que en EE.UU. hasta los años '80, las ideas conservadoras, a través de las school board, dominaban la educación primaria y secundaria, mientras las ideas progresistas, a través de los profesores, dominaban la universidad. Rorty (in socialista moderado) ve esta división como, en principio, positiva, ya que la educación debe, según Rorty, responder a dos exigencias de alguna manera opuesta: por un lado la socialización--es decir, la creación de un miembro integrado y responsable de la sociedad en que vive--y, por el otro, la individuación--es decir, la auto-creación de la individualidad, el desarrollo de un individuo único, capaz de juzgar y criticar la sociedad en que vive desde su punto de vista singularmente personal.

La socialización es necesaria para que una persona se reconozca como parte de una tradición, de una historia y de una narrativa determinadas. Incluso para rechazar nuestra historia hay que conocerla. Y esto sin contar las cuestiones prácticas: que "incluso los radicales, a pesar de su discurso sobre 'educar para la libertad' esperan que la escuela primaria enseñe a los niños a esperar su turno en la cola, a no colocarse en los baños públicos, a obedecer al policía de la esquina, a escribir, a puntuar, multiplicar y dividir. No quieren que el instituto produzca cada año una titulación de Zarathustra amateur."

Pero si es normal esperar que las escuelas enseñen a los chicos las bases de la convivencia y los valores en que su sociedad cree, el papel de la universidad tiene que ser otro. El papel de la universidad en una sociedad moderna es "ayudar a los estudiantes a entender que pueden darse una nueva forma, que pueden cambiar la imagen de si mismos que el pasado les impone, la imagen que hace de ellos ciudadanos competentes y transformarla en una nueva imagen, una que ellos mismos han ayudado a crear".

No estoy completamente de acuerdo con la división ideológica de la educación que parece gustar a Rorty. Me parece una división demasiado rígida, en que la gente que no puede o no quiere ir a la universidad tiene demasiado que perder. Reconozco, por otro lado, que nos ayuda a fijar la atención en un hecho importante: hay (debería haber) una discontinuidad importante entre la educación secundaria y la universitaria. Esta observación tiene una importancia marginal en EE.UU., pero es fundamental en un país como España, donde el "proceso de Bolonia" está intentando eliminar esta discontinuidad necesaria, transformando la universidad en una especie de instituto con enseñanza especializada.

Es normal que la educación secundaria sea bastante estructurada pero, si la universidad debe servir para la "auto-construcción" del individuo, los estudiantes y los profesores universitarios deben, como mínimo, ser mucho más autónomos que en la secundaria.

Rorty no se fija mucho en los estudiantes (veremos por qué), pero sí en la autonomía de los profesores, y esto porque, para Rorty, "cumplir esta función [...] no puede ser regulado por una política institucional explícita" y "decir que [...] las universidades Americanas siguen siendo un ejemplo de libertad académica es decir que a la típica administración ni siquiera se le ocurre intentar interferir con un profesor que intenta desempeñar sus responsabilidades" Si la universidad ha de cumplir su función de ayuda a la auto-creación del individuo, la administración debe limitarse a asegurar que "un profesor que quiere enseñar un curso que nunca se ha enseñado antes, temas que nunca se han propuesto antes o romper de alguna manera la disciplina que algunos departamentos han perpetuado, sea libre de hacerlo".

Rorty reconoce que esta función--la más importante--de la universidad choca con el requisito que las universidades también impartan una educación vocacional, es decir, que enseñen una profesión. Se trata de una función importante, pero "la esperanza que la universidad sea más que educación vocacional es la esperanza que anime a los estudiantes al escepticismo Socrático. Esperemos que sea posible distraer los estudiantes de su lucha para entrar en una profesión con altos sueldos [en EE.UU.... en España los sueldos son generalmente una miseia N.d.T.]".

Sin una universidad libre de la camisa de fuerza de los programas rígidos, sin que los profesores tengan la libertad de enseñar lo que ellos/ellas consideran útil, la universidad no podrá desarrollar su función más importante.

Las instituciones del Estado funcionan, naturalmente, para el mantenimiento del Estado y son por tanto forzosamente conservadoras. Esto no es un defecto ni una crítica, sino una parte de la función de la burocracia estatal, una limitación inherente en la existencia de instituciones. Pero, a causa de esta misma naturaleza es necesaria la existencia de una institución que empuje en sentido opuesto, hacia un cuestionamiento de la sociedad. La universidad es esta institución y a causa de su función de balance y oposición, las instituciones estatales no pueden, ni deben, controlar o, peor, dictar lo que se enseña en la universidad.

No se trata de una cuestión de poco. En la visión de Rorty, la universidad ha asumido algunas de las funciones que la Convención de 1792, la creadora de la idea de educación pública, otorgó a la escuela: hacer sí que los derechos legales y constitucionales de los ciudadanos no queden papel mojado. Condorcet consideraba que "la educación pública es un deber de la sociedad frente a los ciudadanos. En vano se habrá declarado que todos los hombres (sic.) tienen los mismos derechos; en vano las leyes habrán respetado este primer principio de la justicia eterna si la diferencia entre las facultades morales [la cultura, en el lenguaje moderno, N.d.T.] impedirán que muchos disfruten de estos derechos que se les otorga (2). Como declaró en palabras muy claras Amélie Ledoux "un pueblo culto no es el orgullo de una democracia, sino la condición de su existencia".

En la universidad ideal, cada profesor es libre de enseñar lo que considera mejor, y asume la responsabilidad de lo que enseña frente a sus estudiantes. Se trata de un modelo ideal: probablemente ninguna universidad real podría funcionar en estas condiciones. Sin embargo, se trata de un ideal de referencia, una "idea reguladora", útil para comparar distintos sistemas y para averiguar si la universidad evoluciona hacia este ideal.

En España, lamentablemente, la autonomía universitaria ha quedado siempre en palabras vacía: así como las repúblicas comunistas eran tanto menos democráticas cuanto más ponían "democrática" en su nombre, así la universidad parece ser tanto menos autónoma cuanto más la palabra autónoma aparece en su nombre. En EE.UU., país de la autonomía universitaria ninguna universidad se llama "autónoma", hacerlo sería declarar lo obvio. En España, sin embargo, sí. Y las cosas van a peor.

La reforma de Bolonia primero, la llamada estrategia 2015 después, han eliminado por completo la autonomía didáctica del profesor, y están entregando el control a fuerzas externas a la universidad, para nada interesadas en la auto-creación del individuo, sino en la transformación del individuo en anónimos "recursos humanos"--expresión tremenda pero reveladora del papel del individuo en el contexto contemporáneo.

Esta redefinición del papel de la universidad está a la base de la pérdida de su autonomía, ya que no se puede permitir que los académicos transmitan un saber económicamente no rentable. Esta realidad se cree desde el nivel conceptual más alto mediante la introducción, en el mundo de la educación, de la "lógica de las competencias". Hoy en la universidad española cada nueva asignatura tiene que ser aprobada por la ANECA (la agencia nacional de certificación) y, para obtener esta aprobación, es necesario listar las "competencias" que el curso otorgará. Educar personas ya no es suficiente: hay que fabricar trabajadores, la lógica del "mercado del trabajo" se ha extendido a la universidad.

El discurso de las competencia se disfraza de democracia (dar a todo el mundo la posibilidad de encontrar un buen trabajo) que esconde un fondo elitista: con la universidad de las competencias, la cultura y el espíritu crítico deberán llegar de otra fuente, principalmente de la familia. Las familias adineradas y educadas encontrarán maneras, al margen de la universidad pública, para transmitir cultura e independencia a sus hijos. Las otras lo encontrarán mucho más difícil.

Estos problemas son comunes a muchos sistemas educativos de Europa y América, pero España añade algunas características propia que los hacen aún más serios. En España los profesores son mucho más dependientes de las decisiones del ministerios que en otros países. Cada paso en la carrera de un profesor supone una certificación otorgada por la ANECA, mientras en otros países es el ámbito científico internacional que certifica. Esto, naturalmente, obstaculiza la libertad académica y la difusión de opiniones y métodos no ortodoxos.

Las cosas no van mejor para los estudiantes. Ya hemos observado como Rorty, hablando de la autonomía académica, se limita a hablar de los profesores y casi no menciona a los estudiantes. Es que Rorty escribe en EE.UU. y allí, parte unos requisitos de asignaturas de educación general--que Rorty ve como consecuencia del fracaso de la escuela secundaria así que, por ejemplo, un estudiante de ingeniería debe seguir asignaturas de literatura, historia, etc.--, a parte esto, un estudiante tienen muchas libertad para definir su currículo. El sistema de "major" y "minor" de las universidades americana permite al estudiante una gran libertad a la hora de crear su propia carrera: son posible y hasta comunes carreras "mixtas" como estudiar filosofía con minor en física y informática con minor en literatura medieval. Los departamentos ofrecen asignaturas en las especialidades en que trabajan sus profesores y--a parte unos pocos requisitos obligatorios--los estudiantes eligen sus asignaturas.

En España, especialmente a partir de la reforma de Bolonia, las cosas son muy diferentes y los estudiantes, agobiados de troncales, cono pocas optativas que elegir y tratados como niños a quien se impone la asistencia obligatoria, tienen incluso menos autonomía que los profesores.

El modelo de división de Rorty es problemático. Para que pudiera funcionar sería necesario un acceso universal a una universidad libre, autónoma y de alta calidad, donde académicos de gran cultura y preparación puedan decidir lo que van a enseñar sin que el Estado interfiera.

Ninguna de estas condiciones se da en España. Frente a un acceso cada año más caro y limitado a una clase medio-alta está una universidad homogeneizada, controlada hasta el paroxismo por la burocracia administrativa, reducida a un instrumento para la producción de trabajadores dóciles y no críticos.

La educación a la crítica era indispensable en la época de la Convención y lo es mucho más hoy, con la diferencia que hoy un ciudadano crítico y responsable debe disponer de instrumentos intelectuales mucho más complejo que en 1792. El papel fundamental de la universidad debería ser proporcionar estos instrumentos, y en este papel la universidad está fallando. Las consecuencias para la calidad de la vida democrática serán desastrosas.


(1)R. Rorty, "Education as socialization and Individualization", en Philosophy and Social Hope, London:Penguin, 1999; todas las traducciones son mias.
(2)Condorcet, Cinq Mémoires sûr l'instruction publique. Traducción mia.

El Aborto: una visión teológica personal

La propuesta de reforma de la ley que regula el derecho al aborto en España, avanzada por el ministro de Justicia Gallardón ha vuelto a encender el debate sobre el aborto, creando divisiones nuevas, tanto que incluso en el mismo partido de gobierno muchas voces se han levantado en contra de la reforma.

Hay muchos aspectos controvertido en esta propuesta de ley que muchos (y no sólo a izquierda) ven como un regreso de más de treinta años en los derechos de la mujer. Se vuelve a una ley de supuesto en lugar de una ley de plazo (es decir: se puede abortar sólo si se cumplen ciertas condiciones médicas en lugar de dejar el aborto libre en las primeras semanas, así como sucedía con la ley actual, aprobada por el gobierno Zapatero), y se endurecen las condiciones: con la propuesta de ley es necesario el parer favorable de dos médicos que certifiquen el riesgo (físico o psicológico) para la salud de la madre. Además, se elimina el presupuesto de la malformación del feto.

Este es quizás el aspecto que más protestas ha levantado: obligar una mujer a parir un hijo con acefalia que seguramente morirá después de escasas horas del nacimiento es visto por muchos como una tortura inútil impuesta a la madre.

Es opinión común que la reforma es un intento de apaciguar la parte más religiosamente conservadora del Partido Popular. Porque es cierto que en España, así como en todo el mundo, la oposición al aborto viene sobre todo de los ambientes religiosos. Esto no quiere decir que, en teoría, no sea posible una oposición laica, basada en una ética no-religiosa, pero, en la realidad de los hechos, si eliminamos la oposición religiosa, el apoyo al derecho al aborto sustancial.

Los Católicos españoles dan por asentado que el aborto es un asesinato, es decir, que el feto es en todo y por todo una persona. ¿Es asesinato el aborto? ¿En que se basa el argumento ético-teológico de los católicos?

La Biblia, sorprendentemente, no dice mucho sobre el tema. El único punto en que el tema se aborda es Ésodo 21:22-23, donde se lee

21:22 Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces.
21:23 Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida,

El punto es importante porque distingue el caso del aborto de la muerte (de una persona). Si hay muerte, se pagará vida por vida, mientras en el caso en que se provoque un aborto, se pagará sólo una multa para compensar al hombre de los daños provocados (la cuestión es un poco ambigua en la Biblia en Español, donde se habla sólo de “ser penado”, más explícita en la Vulgata--la única versión reconocida como oficial por la iglesia católica--donde se dice “subiacebit damno quantum expetierit maritus mulieris et arbitri iudicarint”, cursiva mia). Hay que notar que la cuantía del daño la decide el marido, y no la mujer: la Biblia no es un gran ejemplo de igualdad de género.

Desde un punto de vista teológico, el problema del aborto se relaciona estrictamente con el problema del alma. Un feto es una persona sólo desde el momento en que tiene un alma, pero ¿cuándo es este momento? La doctrina oficial de la iglesia es, aún hoy, la formulada por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Tomás se interesaba sobre todo al problema del pecado original (Dios no puede crear un alma imperfecta, pero la Biblia nos dice que el pecado original está en nuestra alma desde el principio. ¿Cómo es posible?), pero su tesis tuvo consecuencias importantes también para el problema del aborto. Según Tomás, hay tres tipos de alma: el alma vegetativa (que todos los seres vivientes poseen), el alma animal (que poseen los animales) y el alma racional (que es el alma creada por Dios que sólo las personas poseen).

El alma vegetativa y el alma animal entran en el feto desde el principio, con el esperma del padre (Tomás tampoco reservaba un gran rol a las mujeres...), y el alma animal es la que transporta el pecado original en el feto. El alma racional no entra en el feto con el esperma, sino que es creada por Dios durante la gestación. El problema fundamental es ¿cuándo? Es claro que, hasta que el alma racional entre en el feto, el aborto no es un asesinato, ya que destruye un ser sin alma, mientras que desde el momento en que el feto tiene alma racional, el aborto es asesinato.

Si Tomás hubiera tenido conocimientos de neurofisiología, es muy probable que hubiera relacionado el alma con la formación de la corteza cerebral. No los tenía, e hizo una hipótesis bastante lógica: el alma llega en el momento en que la madre siente que el feto se mueve.

Coherentemente con su teoría del alma, la iglesia católica permitió el aborto hasta el momento en que el feto se movía.

La situación cambió en el siglo XIX, por razones políticas más que teológicas. En el siglo XIX, el aborto empezó a ser relativamente seguro, y las condiciones de vida miserables de la clase obrera hicieron sí que más y más mujeres decidieran interrumpir el embarazo. Esto no sentaba muy bien ni a los gobiernos de la época (que necesitaban gente desesperada para enlistarse) ni a la burguesía industrial (más obrero supone más oferta de trabajo y por tanto, gracias a las leyes del mercado, sueldos más bajos). En particular Francia adoptó, hacia la mitad del siglo XIX, varias medidas para restringir el acceso al aborto.

En 1861 se proclamó el Reino de Italia, con capital Turín y, desde 1865, Florencia. Los Italianos estaban presionando para conquistar Roma y hacer de ella la capital del Reino, y el Papa buscaba aliados para salvar lo que quedaba de sus dominios temporales. Buscando alianzas en clave anti-Italiana, la iglesia en 1869 accedió a declarar el aborto ilegal en cualquier momento del embarazo. (Al final, al Papa todo esto no le sirvió: en 1870 los Italianos entraron en Roma.)

El aborto es un drama, y entiendo muy bien a la gente que tiene dificultades éticas en aceptarlo. Pero refugiarse en consideraciones doctrinarias que, como hemos visto, tienen una historia mucho más controvertida y menos lineal de lo que la jerarquía eclesiástica quiere que pensemos no es una solución. No se puede simplemente decir “el aborto es asesinato” sin más. Se trata de un problema complejo, que pone a prueba definiciones que a veces damos por asentadas, como la de “vida humana”. Simplificar no sirve.

Nadie, creo, ve en el aborto algo positivo, y supongo que incluso el más convencido defensor de la libertad de elección desea que el número de abortos se reduzca hasta casi desaparecer. La manera para reducir el número de aborto es conocida y experimentada con éxito en varios países: una correcta y precoz educación sexual, y la disponibilidad de contraceptivos baratos.

El problema es que la misma Iglesia que quiere eliminar el derecho a abortar está en contra de todas las medidas que podrían reducir el número de abortos. En la medida en que la falta de educación y contracepción causan embarazos indeseados que luego acaban en aborto, la Iglesia católica es la organización que más abortos causa en España, y quizás en el mundo.

¿Salvar a la economía o salvar a la gente?

El Presidente del Gobierno sostiene que el descenso de la prima de riesgo da razón a su política económica (en Julio, cuando la prima de riesgo se situaba en 600 punto no sostenía que no le daba razón, pero no se le puede pedir demasiada coherencia); el Ministro de Guindos habla de un incremento de competitividad de la economía española (¿Qué es la competitividad? ¿Cómo se mide? ¿Cómo funciona un competómetro?).

Se habla mucho de economía, de indicadores económicos (incluso de indicadores muy dudosos como la ?competitividad?), y muy poco de lo que debería ser el fin de la economía: el bienestar de la gente. Se ha puesto el instrumento por encima de su fin.

Si recuperamos la verdadera vocación de la economía, es decir, garantizar la satisfacción de las necesidades materiales de cada uno, entonces debemos evaluar los indicadores en el marco de este fin último que, solo, le otorga valor.

Consideremos por ejemplo la competitividad. ¿Qué quiere decir ganar competitividad? Para el Ministro quiere decir reducir el coste de nuestros productos bajando el coste laboral. Hasta aquí la economía. Pero, ¿Qué consecuencias tiene esto para el bienestar de la gente? ¿Si para ganar competitividad tenemos que reducirnos como los trabajadores de China, merece la pena ganar competitividad? ¿No habría que plantear el problema en otros términos? Se está sacrificando la vida de la gente, vidas muy reales, al valor de unos indicadores. Se nos pide aceptar que el bien de la economía requiere que bajemos de manera permanente nuestro nivel de vida.

El problema, creo, es que está considerando el problema en las bases equivocada. El debate público (incluso a izquierda) da por cierto que el bien de los indicadores económicos supone el bien de la gente. Pero hoy en día, parece, la correspondencia entre economía y calidad de vida no está tan clara, si es que alguna vez lo estuvo.

Habría que considerar de nuevo toda la cuestión. El problema es: ¿Cómo mejorar el nivel de vida de las personas en la situación actual? Si se determinara que esto pasa por mejorar ciertos aspectos de la economía, que se persigan estos aspectos. Si la salud de la economía tradicional requiere que se sacrifique el bienestar de la gente, hay que quitar del medio la economía tradicional y empezar sobre nuevas bases.

¿Sobrevivirá la monarquía española?

Finalmente, gracias a su poder de autodelegitimación (la palabra no existe, lo reconozco, pero debería), en España se puede cuestionar la familia Real e, incluso, la forma monárquica del Estado.

La cosa me sorprende agradablemente. Francamente, pensaba que Don Juan Carlos hubiera adquirido un tal capital político durante la transición, hubiera creado una narrativa tan fuerte sobre la conexión entre monarquía y transición, que nada iba a pasar hasta después de su muerte. Mi previsión, hasta hace muy poco, era que Don Juan Carlos iba a morir Rey, que Don Felipe iba a ser Rey, pero que no habría pasado toda su vida como Rey. Quizás he pecado de pesimismo. El debate está abierto, y promete durar un tiempo. El problema fundamental (a parte las nostalgias de algunos monárquicos) es si una Republica representaría un avance democrático o no. Los monárquicos dicen que no con varios argumentos, uno de ellos bastante merecedor de atención.

Se apunta a que muchos países democráticos de Europa son monarquías constitucionales (Suecia, Noruega, Inglaterra, la lista es larga). Por tanto, si restringimos la mirada a Europa, la monarquía parece ser por lo menos compatible con la democracia, incluso parece favorecerla. (Restringir la mirada a Europa me parece, en este caso, lícito: es difícil comparar la situación de España con la de países que tienen una historia muy diferente de la nuestra.)

España es una monarquía representativa, de tipo burgués. Asumamos que, independientemente de las conclusiones de este debate, la forma fundamental del Estado no cambie (si no introduciríamos demasiadas variables, y el discurso ya es bastante complejo así). El problema, por tanto, es: ¿Cuál es la relación entre monarquía y democracia burgués? Hay cierta compatibilidad entre las formas exteriores de la monarquía y la democracia, pero ¿hay afinidad? Creo que la respuesta es “no”: la monarquía no es la forma de gobierno “natural” de la democracia burguesa y, consecuentemente, un paso de la monarquía a la república es (coeteris paribus) un avance en este tipo de democracia.

La democracia burguesa es hija de la ilustración, una filosofía que siempre luchó en contra de la monarquía. Montesquieu tuvo que dar muchas vueltas para justificar que Inglaterra, a pesar de ser una monarquía, era democrática. La revolución francesa y la revolución Americana, es decir, las dos revoluciones que implementaron desde cero los principios de la democracia burguesa, no tuvieron duda en elegir entre monarquía y Republica. En ambos casos se consideró que la monarquía violaba el principio fundamental de la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, ya que había derechos políticos (ser el jefe de Estado) que no pertenecían a todos.

La monarquía es compatible con la democracia, pero es una especie de cuerpo extraño dentro de ella, algo con que se vive pero que no absuelve a ninguna función. Es significativo en este sentido que todas las monarquías se han convertido en democracias eliminando casi del todo el poder del Rey. No hay ninguna monarquía constitucional democrática en que el Rey mantenga un poder considerable. La monarquía se puede democratizar sólo vaciándola. Por el contrario, hay varios países democráticos en que el Presidente de la República detiene un poder considerable (USA, Francia, etc.). La figura del presidente es coherente con la democracia burguesa y, por tanto, puede tener poder sin violar los principios democráticos. El Rey no: el Rey puede participar en la democracia sólo eliminando su poder. Se trata de un cuerpo extraño que hay que neutralizar, y no de un componente con una función clara.

Las monarquías democráticas que existen en Europa son más un residuo de la historia que una afirmación activa de los principios democrático. En casi todos los casos (excepto uno) se trata de países que no han subido grandes revolcones internos, no han tenido dictaduras ni guerras civiles. En estos casos, la monarquía ha ido cediendo poco a poco, vaciándose de poder y consiguiendo así mantener su aparato formal. Todos los países que han tenido revoluciones, dictaduras o guerra civiles, han aprovechado la vuelta a la democracia para eliminar la institución monárquica e implementar la República, más adecuada a las exigencias de una democracia moderna. Todos excepto uno: España.

Sólo España ha mantenido una monarquía tras una dictadura. La cosa es aún más sorprendente tratándose de una monarquía que deriva directamente de esa dictadura. Esta consideración se refiere, naturalmente, a la institución, y es independiente del espíritu democrático que pueda animar al Rey. Por demócrata que pueda ser Don Juan Carlos, la monarquía española es heredera del franquismo, y el franquismo no se habrá acabado de verdad mientras que la monarquía subsista.

Ada Colau, la PAH, y la manipulación mediática

Estos días, la prensa (periódicos, radio y TV) de derechas tiene un nuevo enemigo del corazón: se trata de Ada Colau, la portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH). Parecía imposible no apoyar a gente que, a causa de una legislación vieja y profundamente injusta, tras haber perdido su casa tiene que seguir pagándola, a gente que ha recogido un millón y medio de firma para tramitar una ley de iniciativa popular sólo para ver como el PP, fuerte de su mayoría absoluta, la está destruyendo en el parlamento (sin la dación en pago, la ley se queda en nada). Pero la derecha consigue oponerse a toda reivindicación donde ve la sobra (real o imaginaria) de unas ideas progresistas. El hecho de que las peticiones del PAH, y mucho más, sean ley en un país tan poco comunista como EE.UU. no parece afectarles. (En EE.UU. no sólo existe la dación en pago, los individuos, así como las empresas, pueden declarar bancarrota.)

En los últimos días la prensa ha tenido una ocasión imperdible, ya que la PAH ha empezado una forma de protesta que incluso sus partidarios encuentran controvertida: las protestas “miradas” frente a la casa de los políticos del PP que se oponen a la dación en pago. Los llamados “escarches”.

Esta podría ser una ocasión para un serio análisis de los varios tipos de protesta, del equilibrio entre los derechos de los ciudadanos a manifestarse y el respeto a la privacidad de los representantes, de la diferencia ética entre la violencia de los manifestantes y la violencia del Estado (desahuciar a una familia es violencia, en esto no hay duda). Se trata de temas interesantes que la prensa de derechas ha evitado acuradamente tocar. Prefiere darnos lo de siempre: ataques ad hominem. En este caso, sobre todo, ataques a la Sra. Colau. La prensa de derecha trabaja muy bien en personalizar un movimiento social, darle una cara y luego atacar a esta persona, incluso en asuntos que nada tienen que ver con el movimiento. Esto resulta muy rentable desde el punto de vista emocional, mucho más que atacar las ideas. Quisiera analizar brevemente tres puntos que se encuentran estos días en periódicos y tertulias de derechas: (1) la “organización de Ada Colau” apoyó una manifestación proetarra, (2) Ada Colau recibe subvenciones públicas por tanto (3) es hipocresía que se manifieste contra el gobierno que la subvenciona.

En todos estos puntos se opera la misma reducción (indebida) de la PAH a la Sra. Colau, pero los tres puntos operan en base a principios y mecanismos distintos, que merece la pena analizar. El mecanismo del punto (1) es clásico: se basa en no dar todos los hechos. Un grupo anti-deshaucio de Euskadi apoyó la manifestación (perfectamente legal), así como estaba en su derecho, pero este grupo no es parte de la PAH. Se trata de una manipulación del periodista contra que el lector no puede hacer mucho, a menos que no lea varios periódicos. Hay que destacar, de toda manera, una contradicción evidente en los principios a que se apela esta prensa. En otros casos, en que se veían implicados personajes afines (el caso Feijóo recientemente, antes él de Camps, de Ana Mato, etc.) el criterio era que a una persona no se le podía reprochar nada mientras que no estaba demostrado que había violado la ley. Sin embargo, no hay ningún problema a acusar al PAH (con datos falsos) de participar a una manifestación legal.

El punto (2) es una manipulación más evidente. En los titulares han aparecido noticias como “Ada Colau subvencionada con 3.7 millones” pero, leyendo la noticia, uno se entera que una ONG en que trabaja la Sra. Colau recibió esta suma a lo largo de casi 10 años (400.000 Euros al año). El periodista manipula los titulares, pero el lector tiene la responsabilidad de leer el artículo, donde sí están los datos para descubrir la manipulación (con la tertulias televisivas las cosas son más difíciles).

El punto (3) es una burda insinuación con un claro error de principio que todo el mundo puede detectar. Se implica que una persona que trabaja en una organización que recibe subvenciones no puede protestar contra el gobierno. Ahora bien, la Iglesia Católica, en España, recibe cada año, además de alrededor de 280 millones de la casilla IRPF (que no son subvenciones), unos 3.000 millones de subvenciones directas o indirectas. Siguiendo la lógica de cierta prensa, por tanto, ningún sacerdote u obispo tendría el derecho de manifestarse en contra del aborto. Considerando que la misma prensa apoya entusiásticamente las manifestaciones contra el aborto, se trata de una imperdonable falta de rigor.

Se trata pero, en este caso, de una contradicción abierta: cualquier lector la puede detectar simplemente con conocimientos generales sobre la política de España. Sin embargo, se publica esta información confiando que la contradicción pase desapercibida. Esto nos dice mucho sobre el tipo de lector que estos periódicos prefieren y fomentan: no se trata de un lector atento, informado y racional, sino de un lector pasivo que acepta cualquier tipo de argumento, por contradictorio que sea, que apoye a su parte política y ataque a algo o alguien (mejor si se trata de una persona) que se identifica como enemigo.

Se trata de lectores que no sólo aceptan las insinuaciones sobre Ada Colau, sino que aceptan, sin darse cuenta, la mistificación más grande: reducir el valor de un movimiento al de sus caras públicas. Los lectores de estos periódicos no deben saber que, incluso si la Sra. Colau fuera la peor persona del mundo, esto no quitaría nada de legitimación a la PAH, ni de importancia a su lucha.

Estos periódicos quieren lectores de la época de la televisión basura: emotivos, acríticos, víctimas del culto de la personalidad, que aceptan ataques contra la personas en lugar de debates serios sobre las ideas.

Ciertos periódicos creen que sus lectores son así. Insultan así a sus lectores inteligente que, espero, son muchos.