El Aborto: una visión teológica personal

La propuesta de reforma de la ley que regula el derecho al aborto en España, avanzada por el ministro de Justicia Gallardón ha vuelto a encender el debate sobre el aborto, creando divisiones nuevas, tanto que incluso en el mismo partido de gobierno muchas voces se han levantado en contra de la reforma.

Hay muchos aspectos controvertido en esta propuesta de ley que muchos (y no sólo a izquierda) ven como un regreso de más de treinta años en los derechos de la mujer. Se vuelve a una ley de supuesto en lugar de una ley de plazo (es decir: se puede abortar sólo si se cumplen ciertas condiciones médicas en lugar de dejar el aborto libre en las primeras semanas, así como sucedía con la ley actual, aprobada por el gobierno Zapatero), y se endurecen las condiciones: con la propuesta de ley es necesario el parer favorable de dos médicos que certifiquen el riesgo (físico o psicológico) para la salud de la madre. Además, se elimina el presupuesto de la malformación del feto.

Este es quizás el aspecto que más protestas ha levantado: obligar una mujer a parir un hijo con acefalia que seguramente morirá después de escasas horas del nacimiento es visto por muchos como una tortura inútil impuesta a la madre.

Es opinión común que la reforma es un intento de apaciguar la parte más religiosamente conservadora del Partido Popular. Porque es cierto que en España, así como en todo el mundo, la oposición al aborto viene sobre todo de los ambientes religiosos. Esto no quiere decir que, en teoría, no sea posible una oposición laica, basada en una ética no-religiosa, pero, en la realidad de los hechos, si eliminamos la oposición religiosa, el apoyo al derecho al aborto sustancial.

Los Católicos españoles dan por asentado que el aborto es un asesinato, es decir, que el feto es en todo y por todo una persona. ¿Es asesinato el aborto? ¿En que se basa el argumento ético-teológico de los católicos?

La Biblia, sorprendentemente, no dice mucho sobre el tema. El único punto en que el tema se aborda es Ésodo 21:22-23, donde se lee

21:22 Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces.
21:23 Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida,

El punto es importante porque distingue el caso del aborto de la muerte (de una persona). Si hay muerte, se pagará vida por vida, mientras en el caso en que se provoque un aborto, se pagará sólo una multa para compensar al hombre de los daños provocados (la cuestión es un poco ambigua en la Biblia en Español, donde se habla sólo de “ser penado”, más explícita en la Vulgata--la única versión reconocida como oficial por la iglesia católica--donde se dice “subiacebit damno quantum expetierit maritus mulieris et arbitri iudicarint”, cursiva mia). Hay que notar que la cuantía del daño la decide el marido, y no la mujer: la Biblia no es un gran ejemplo de igualdad de género.

Desde un punto de vista teológico, el problema del aborto se relaciona estrictamente con el problema del alma. Un feto es una persona sólo desde el momento en que tiene un alma, pero ¿cuándo es este momento? La doctrina oficial de la iglesia es, aún hoy, la formulada por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Tomás se interesaba sobre todo al problema del pecado original (Dios no puede crear un alma imperfecta, pero la Biblia nos dice que el pecado original está en nuestra alma desde el principio. ¿Cómo es posible?), pero su tesis tuvo consecuencias importantes también para el problema del aborto. Según Tomás, hay tres tipos de alma: el alma vegetativa (que todos los seres vivientes poseen), el alma animal (que poseen los animales) y el alma racional (que es el alma creada por Dios que sólo las personas poseen).

El alma vegetativa y el alma animal entran en el feto desde el principio, con el esperma del padre (Tomás tampoco reservaba un gran rol a las mujeres...), y el alma animal es la que transporta el pecado original en el feto. El alma racional no entra en el feto con el esperma, sino que es creada por Dios durante la gestación. El problema fundamental es ¿cuándo? Es claro que, hasta que el alma racional entre en el feto, el aborto no es un asesinato, ya que destruye un ser sin alma, mientras que desde el momento en que el feto tiene alma racional, el aborto es asesinato.

Si Tomás hubiera tenido conocimientos de neurofisiología, es muy probable que hubiera relacionado el alma con la formación de la corteza cerebral. No los tenía, e hizo una hipótesis bastante lógica: el alma llega en el momento en que la madre siente que el feto se mueve.

Coherentemente con su teoría del alma, la iglesia católica permitió el aborto hasta el momento en que el feto se movía.

La situación cambió en el siglo XIX, por razones políticas más que teológicas. En el siglo XIX, el aborto empezó a ser relativamente seguro, y las condiciones de vida miserables de la clase obrera hicieron sí que más y más mujeres decidieran interrumpir el embarazo. Esto no sentaba muy bien ni a los gobiernos de la época (que necesitaban gente desesperada para enlistarse) ni a la burguesía industrial (más obrero supone más oferta de trabajo y por tanto, gracias a las leyes del mercado, sueldos más bajos). En particular Francia adoptó, hacia la mitad del siglo XIX, varias medidas para restringir el acceso al aborto.

En 1861 se proclamó el Reino de Italia, con capital Turín y, desde 1865, Florencia. Los Italianos estaban presionando para conquistar Roma y hacer de ella la capital del Reino, y el Papa buscaba aliados para salvar lo que quedaba de sus dominios temporales. Buscando alianzas en clave anti-Italiana, la iglesia en 1869 accedió a declarar el aborto ilegal en cualquier momento del embarazo. (Al final, al Papa todo esto no le sirvió: en 1870 los Italianos entraron en Roma.)

El aborto es un drama, y entiendo muy bien a la gente que tiene dificultades éticas en aceptarlo. Pero refugiarse en consideraciones doctrinarias que, como hemos visto, tienen una historia mucho más controvertida y menos lineal de lo que la jerarquía eclesiástica quiere que pensemos no es una solución. No se puede simplemente decir “el aborto es asesinato” sin más. Se trata de un problema complejo, que pone a prueba definiciones que a veces damos por asentadas, como la de “vida humana”. Simplificar no sirve.

Nadie, creo, ve en el aborto algo positivo, y supongo que incluso el más convencido defensor de la libertad de elección desea que el número de abortos se reduzca hasta casi desaparecer. La manera para reducir el número de aborto es conocida y experimentada con éxito en varios países: una correcta y precoz educación sexual, y la disponibilidad de contraceptivos baratos.

El problema es que la misma Iglesia que quiere eliminar el derecho a abortar está en contra de todas las medidas que podrían reducir el número de abortos. En la medida en que la falta de educación y contracepción causan embarazos indeseados que luego acaban en aborto, la Iglesia católica es la organización que más abortos causa en España, y quizás en el mundo.

¿Salvar a la economía o salvar a la gente?

El Presidente del Gobierno sostiene que el descenso de la prima de riesgo da razón a su política económica (en Julio, cuando la prima de riesgo se situaba en 600 punto no sostenía que no le daba razón, pero no se le puede pedir demasiada coherencia); el Ministro de Guindos habla de un incremento de competitividad de la economía española (¿Qué es la competitividad? ¿Cómo se mide? ¿Cómo funciona un competómetro?).

Se habla mucho de economía, de indicadores económicos (incluso de indicadores muy dudosos como la ?competitividad?), y muy poco de lo que debería ser el fin de la economía: el bienestar de la gente. Se ha puesto el instrumento por encima de su fin.

Si recuperamos la verdadera vocación de la economía, es decir, garantizar la satisfacción de las necesidades materiales de cada uno, entonces debemos evaluar los indicadores en el marco de este fin último que, solo, le otorga valor.

Consideremos por ejemplo la competitividad. ¿Qué quiere decir ganar competitividad? Para el Ministro quiere decir reducir el coste de nuestros productos bajando el coste laboral. Hasta aquí la economía. Pero, ¿Qué consecuencias tiene esto para el bienestar de la gente? ¿Si para ganar competitividad tenemos que reducirnos como los trabajadores de China, merece la pena ganar competitividad? ¿No habría que plantear el problema en otros términos? Se está sacrificando la vida de la gente, vidas muy reales, al valor de unos indicadores. Se nos pide aceptar que el bien de la economía requiere que bajemos de manera permanente nuestro nivel de vida.

El problema, creo, es que está considerando el problema en las bases equivocada. El debate público (incluso a izquierda) da por cierto que el bien de los indicadores económicos supone el bien de la gente. Pero hoy en día, parece, la correspondencia entre economía y calidad de vida no está tan clara, si es que alguna vez lo estuvo.

Habría que considerar de nuevo toda la cuestión. El problema es: ¿Cómo mejorar el nivel de vida de las personas en la situación actual? Si se determinara que esto pasa por mejorar ciertos aspectos de la economía, que se persigan estos aspectos. Si la salud de la economía tradicional requiere que se sacrifique el bienestar de la gente, hay que quitar del medio la economía tradicional y empezar sobre nuevas bases.

¿Sobrevivirá la monarquía española?

Finalmente, gracias a su poder de autodelegitimación (la palabra no existe, lo reconozco, pero debería), en España se puede cuestionar la familia Real e, incluso, la forma monárquica del Estado.

La cosa me sorprende agradablemente. Francamente, pensaba que Don Juan Carlos hubiera adquirido un tal capital político durante la transición, hubiera creado una narrativa tan fuerte sobre la conexión entre monarquía y transición, que nada iba a pasar hasta después de su muerte. Mi previsión, hasta hace muy poco, era que Don Juan Carlos iba a morir Rey, que Don Felipe iba a ser Rey, pero que no habría pasado toda su vida como Rey. Quizás he pecado de pesimismo. El debate está abierto, y promete durar un tiempo. El problema fundamental (a parte las nostalgias de algunos monárquicos) es si una Republica representaría un avance democrático o no. Los monárquicos dicen que no con varios argumentos, uno de ellos bastante merecedor de atención.

Se apunta a que muchos países democráticos de Europa son monarquías constitucionales (Suecia, Noruega, Inglaterra, la lista es larga). Por tanto, si restringimos la mirada a Europa, la monarquía parece ser por lo menos compatible con la democracia, incluso parece favorecerla. (Restringir la mirada a Europa me parece, en este caso, lícito: es difícil comparar la situación de España con la de países que tienen una historia muy diferente de la nuestra.)

España es una monarquía representativa, de tipo burgués. Asumamos que, independientemente de las conclusiones de este debate, la forma fundamental del Estado no cambie (si no introduciríamos demasiadas variables, y el discurso ya es bastante complejo así). El problema, por tanto, es: ¿Cuál es la relación entre monarquía y democracia burgués? Hay cierta compatibilidad entre las formas exteriores de la monarquía y la democracia, pero ¿hay afinidad? Creo que la respuesta es “no”: la monarquía no es la forma de gobierno “natural” de la democracia burguesa y, consecuentemente, un paso de la monarquía a la república es (coeteris paribus) un avance en este tipo de democracia.

La democracia burguesa es hija de la ilustración, una filosofía que siempre luchó en contra de la monarquía. Montesquieu tuvo que dar muchas vueltas para justificar que Inglaterra, a pesar de ser una monarquía, era democrática. La revolución francesa y la revolución Americana, es decir, las dos revoluciones que implementaron desde cero los principios de la democracia burguesa, no tuvieron duda en elegir entre monarquía y Republica. En ambos casos se consideró que la monarquía violaba el principio fundamental de la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, ya que había derechos políticos (ser el jefe de Estado) que no pertenecían a todos.

La monarquía es compatible con la democracia, pero es una especie de cuerpo extraño dentro de ella, algo con que se vive pero que no absuelve a ninguna función. Es significativo en este sentido que todas las monarquías se han convertido en democracias eliminando casi del todo el poder del Rey. No hay ninguna monarquía constitucional democrática en que el Rey mantenga un poder considerable. La monarquía se puede democratizar sólo vaciándola. Por el contrario, hay varios países democráticos en que el Presidente de la República detiene un poder considerable (USA, Francia, etc.). La figura del presidente es coherente con la democracia burguesa y, por tanto, puede tener poder sin violar los principios democráticos. El Rey no: el Rey puede participar en la democracia sólo eliminando su poder. Se trata de un cuerpo extraño que hay que neutralizar, y no de un componente con una función clara.

Las monarquías democráticas que existen en Europa son más un residuo de la historia que una afirmación activa de los principios democrático. En casi todos los casos (excepto uno) se trata de países que no han subido grandes revolcones internos, no han tenido dictaduras ni guerras civiles. En estos casos, la monarquía ha ido cediendo poco a poco, vaciándose de poder y consiguiendo así mantener su aparato formal. Todos los países que han tenido revoluciones, dictaduras o guerra civiles, han aprovechado la vuelta a la democracia para eliminar la institución monárquica e implementar la República, más adecuada a las exigencias de una democracia moderna. Todos excepto uno: España.

Sólo España ha mantenido una monarquía tras una dictadura. La cosa es aún más sorprendente tratándose de una monarquía que deriva directamente de esa dictadura. Esta consideración se refiere, naturalmente, a la institución, y es independiente del espíritu democrático que pueda animar al Rey. Por demócrata que pueda ser Don Juan Carlos, la monarquía española es heredera del franquismo, y el franquismo no se habrá acabado de verdad mientras que la monarquía subsista.

Ada Colau, la PAH, y la manipulación mediática

Estos días, la prensa (periódicos, radio y TV) de derechas tiene un nuevo enemigo del corazón: se trata de Ada Colau, la portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH). Parecía imposible no apoyar a gente que, a causa de una legislación vieja y profundamente injusta, tras haber perdido su casa tiene que seguir pagándola, a gente que ha recogido un millón y medio de firma para tramitar una ley de iniciativa popular sólo para ver como el PP, fuerte de su mayoría absoluta, la está destruyendo en el parlamento (sin la dación en pago, la ley se queda en nada). Pero la derecha consigue oponerse a toda reivindicación donde ve la sobra (real o imaginaria) de unas ideas progresistas. El hecho de que las peticiones del PAH, y mucho más, sean ley en un país tan poco comunista como EE.UU. no parece afectarles. (En EE.UU. no sólo existe la dación en pago, los individuos, así como las empresas, pueden declarar bancarrota.)

En los últimos días la prensa ha tenido una ocasión imperdible, ya que la PAH ha empezado una forma de protesta que incluso sus partidarios encuentran controvertida: las protestas “miradas” frente a la casa de los políticos del PP que se oponen a la dación en pago. Los llamados “escarches”.

Esta podría ser una ocasión para un serio análisis de los varios tipos de protesta, del equilibrio entre los derechos de los ciudadanos a manifestarse y el respeto a la privacidad de los representantes, de la diferencia ética entre la violencia de los manifestantes y la violencia del Estado (desahuciar a una familia es violencia, en esto no hay duda). Se trata de temas interesantes que la prensa de derechas ha evitado acuradamente tocar. Prefiere darnos lo de siempre: ataques ad hominem. En este caso, sobre todo, ataques a la Sra. Colau. La prensa de derecha trabaja muy bien en personalizar un movimiento social, darle una cara y luego atacar a esta persona, incluso en asuntos que nada tienen que ver con el movimiento. Esto resulta muy rentable desde el punto de vista emocional, mucho más que atacar las ideas. Quisiera analizar brevemente tres puntos que se encuentran estos días en periódicos y tertulias de derechas: (1) la “organización de Ada Colau” apoyó una manifestación proetarra, (2) Ada Colau recibe subvenciones públicas por tanto (3) es hipocresía que se manifieste contra el gobierno que la subvenciona.

En todos estos puntos se opera la misma reducción (indebida) de la PAH a la Sra. Colau, pero los tres puntos operan en base a principios y mecanismos distintos, que merece la pena analizar. El mecanismo del punto (1) es clásico: se basa en no dar todos los hechos. Un grupo anti-deshaucio de Euskadi apoyó la manifestación (perfectamente legal), así como estaba en su derecho, pero este grupo no es parte de la PAH. Se trata de una manipulación del periodista contra que el lector no puede hacer mucho, a menos que no lea varios periódicos. Hay que destacar, de toda manera, una contradicción evidente en los principios a que se apela esta prensa. En otros casos, en que se veían implicados personajes afines (el caso Feijóo recientemente, antes él de Camps, de Ana Mato, etc.) el criterio era que a una persona no se le podía reprochar nada mientras que no estaba demostrado que había violado la ley. Sin embargo, no hay ningún problema a acusar al PAH (con datos falsos) de participar a una manifestación legal.

El punto (2) es una manipulación más evidente. En los titulares han aparecido noticias como “Ada Colau subvencionada con 3.7 millones” pero, leyendo la noticia, uno se entera que una ONG en que trabaja la Sra. Colau recibió esta suma a lo largo de casi 10 años (400.000 Euros al año). El periodista manipula los titulares, pero el lector tiene la responsabilidad de leer el artículo, donde sí están los datos para descubrir la manipulación (con la tertulias televisivas las cosas son más difíciles).

El punto (3) es una burda insinuación con un claro error de principio que todo el mundo puede detectar. Se implica que una persona que trabaja en una organización que recibe subvenciones no puede protestar contra el gobierno. Ahora bien, la Iglesia Católica, en España, recibe cada año, además de alrededor de 280 millones de la casilla IRPF (que no son subvenciones), unos 3.000 millones de subvenciones directas o indirectas. Siguiendo la lógica de cierta prensa, por tanto, ningún sacerdote u obispo tendría el derecho de manifestarse en contra del aborto. Considerando que la misma prensa apoya entusiásticamente las manifestaciones contra el aborto, se trata de una imperdonable falta de rigor.

Se trata pero, en este caso, de una contradicción abierta: cualquier lector la puede detectar simplemente con conocimientos generales sobre la política de España. Sin embargo, se publica esta información confiando que la contradicción pase desapercibida. Esto nos dice mucho sobre el tipo de lector que estos periódicos prefieren y fomentan: no se trata de un lector atento, informado y racional, sino de un lector pasivo que acepta cualquier tipo de argumento, por contradictorio que sea, que apoye a su parte política y ataque a algo o alguien (mejor si se trata de una persona) que se identifica como enemigo.

Se trata de lectores que no sólo aceptan las insinuaciones sobre Ada Colau, sino que aceptan, sin darse cuenta, la mistificación más grande: reducir el valor de un movimiento al de sus caras públicas. Los lectores de estos periódicos no deben saber que, incluso si la Sra. Colau fuera la peor persona del mundo, esto no quitaría nada de legitimación a la PAH, ni de importancia a su lucha.

Estos periódicos quieren lectores de la época de la televisión basura: emotivos, acríticos, víctimas del culto de la personalidad, que aceptan ataques contra la personas en lugar de debates serios sobre las ideas.

Ciertos periódicos creen que sus lectores son así. Insultan así a sus lectores inteligente que, espero, son muchos.

Porque no nos representan

Para entender la crisis actual de la democracia representativa, y los crecientes problemas de legitimidad de los gobiernos occidentales, hay que volver un poco la mirada atrás, al comienzo del actual sistema político, en los siglos XVIII y XIX. La democracia representativa es la forma principal de la democracia burguesa, es decir, de ese sistema de gobierno que la burguesía creo cuando se transformó en la clase dominante en los países europeos. Las primeras democracias no fueron democracias en el sentido en que las entendemos hoy: no pretendían representar a todo el pueblo, ni constituirlo como sujeto político. Su objetivo era proporcionar representación a la nueva clase hegemónica.

Recordemos, por ejemplo, que hasta bien entrado el siglo XX, no existía sufragio universal. A parte el hecho de que votaban sólo los varones, para votar era necesario disponer de una cierta renta. Esto dejaba fuera parte de la antigua nobleza (que tenía tierra pero, a menudo, escasa renta) y los trabajadores (que, falta no hace decirlo, no tenían nada). Se trataba de un sistema que reconoció cierta clase social (la burguesía) como sujeto político, y le otorgó representación.

Dentro de estas limitaciones, la democracia representativa funcionaba perfectamente, y constituyó una verdadera revolución en los sistemas de gobierno. El sistema era verdaderamente representativo porque no había diferencia entre los representados y los representantes: los elegidos, los diputados y los senadores eran burgueses y aparte las diferencias entre las orientaciones políticas, compartían con sus electores una misma historia, una misma visión del mundo, unos problemas comunes.

En la época clásica de la democracia burguesa la figura del político profesional era prácticamente desconocida. Los diputados eran en su mayoría burgueses que, durante unos años, ejercían de representantes de su clase social.

A lo largo del siglo XX, la idea de democracia ha ido ampliándose, y hoy en Europa reconocemos que toda persona adulta es sujeto político, por lo menos en la medida en que tiene derecho al voto y que (en teoría) puede ser elegido como representante. Esto sólo en teoría: en práctica esta expansión de la distribución social de los representantes no se ha dado, más bien el contrario. A medida de que los representados se iban ampliando, los representantes se iban profesionalizando y restringiendo en la que Gaetano Mosca llamó la “clase política.”

Hoy usamos a menudo el término “clase política” sin detenernos demasiado en su significado. Este concepto implica que los políticos se han constituido en clase social, una clase con sus intereses propios (como todas las clases) y con una visión del mundo que no coincide necesariamente con la de los representados. El problema es que esta es la clase de donde salen los que supuestamente deberían ser los representantes de todas las clases sociales.

Hannah Arendt hizo un diagnóstico muy duro al respeto, identificando en la profesionalización de la política y su organización en partidos jerárquicamente estructurados el principal problema de las democracias occidentales, la causa principal de su deriva hacia el autoritarismo e incluso el totalitarismo. En cuanto se cree un sistema de partidos suyos miembros son unos profesionales, se elimina la capacidad de actuación de los representantes, se les saca de su clase social para que entren a formar parte de la clase política. El partido coge personas comprometidas y los transforma en militantes que no actúan de manera políticamente autónoma, sino que obedecen a la voluntad de la jerarquía de partido. Se trata de un problema que se pone en todos los países occidentales, a veces de manera más blanda (es el caso de EE.UU.) a veces de manera dramática, como es el caso de España, donde la ley electoral favorece el poder de las secretarías de partido y la disciplina de partido.

Se trata, para todos los países, de un problema de difícil solución. Incluso Arendt, con su descripción de la “democracia radical,” del espacio público, con su estudio detallado de la revolución Húngara de 1956, no consigue dar una respuesta. Es fácil crear una democracia radical, verdaderamente participativa, en momentos de emergencias, en situaciones revolucionarias. Pero, ¿cómo evitar que cuando las cosas vuelvan a su ritmo normal, cuando la gente vuelva a sus preocupaciones de cada día, la participación disminuya, y vuelva a formarse una nueva clase política profesional?

Estos problemas surgen, en España, por encima de una situación histórica muy particular. España nunca tuvo una verdadera revolución burguesa. Sus comienzos, reflejados en la constitución de 1812, fueron sofocados por la restauración de Fernando VII. Así cómo en todos los países católicos, durante la contrarreforma no se veían demasiado bien las ideas burguesas, sospechosas de protestantismo (no es casualidad que los países católicos de Europa sean, en general, menos desarrollados que los Protestantes).

A parte algunos ejemplos en Cataluña, España permaneció un país dominado por una aristocracia del latifundo, es decir, por una clase social básicamente parásita, muy diferente de la burguesía productiva de Europa. La II República fue un episodio demasiado breve y contrastado para desmontar este sistema, y el Franquismo lo confirmó y consolidó llevándolo, con todas las contradicciones consecuentes, a la aristocracia industrial de hoy en día.

Buena parte de la élite que controla hoy la economía y la política españolas está formada por esta clase social anacrónica, por un grupo relativamente pequeño de “buenas familias” que vive en una España paralela, muy diferente de aquella donde vive el 95% de los españoles. Se trata, falta no hace decirlo, de una España donde los años desde 2008 no han sido de crisis sino de bonanza.

La clase política española, aún más que la de los países burgueses, está aislada de la gente que administra, no comparte ni entiende sus problemas, sus aspiraciones, su visión de la vida.

Se han dado en España casos famosos como el del consejero de transporte de la comunidad de Madrid que declaró, en el Parlamento Autonómico, que el “Metrobus” no existía, que era una invención de los socialistas. (El “Metrobus” es un abono de 10 billetes, válido en Metro y autobuses, uno de los más conocidos y usado por los madrileños.) Todo su partido aplaudió--nadie, evidentemente, había usado un billete de Metro en su vida.

¿Puede gobernar el pueblo alguien que nunca ha compartido su vida? ¿Puede aumentar el precio del transporte público y reducir servicio alguien que nunca ha cogido un metro o un autobús en su vida? ¿Está legitimado a recortar en educación y a donar dinero público a la escuela privada alguien que nunca ha ido o ha llevado sus hijos a una escuela pública? ¿Puede recortar en sanidad alguien que nunca en su vida estuvo en la lista de espera de un hospital público?

Pueden parecer preguntas demagógicas, pero no lo son: van a la base del principio de representación así como se postula en la democracia occidental. Dicen claramente que cualquier político que viva en el lujo mientras la gente está en la calla, cualquier político que, mientras a la gente le falta todo, vive su vida entre chalet de lujo, resort de lujo y coches de alta gama, no tiene legitimidad democrática para pedir (o peor: imponer) sacrificios a los españoles.

Sólo una clase política que represente de verdad a la sociedad, una que sufra los recortes en su propia piel, está legitimada para pedir sacrificios.

Un mundo sin Chavez

Hugo chavez ha muerto, dejando un hueco que será muy difícil rellenar. Ni su sucesor designado, Maduro, ni el líder de la oposición parecen tener una personalidad suficiente. Porque, con Chavez, de esto se trataba, de personalidad. Una de esas personas, como dicen los Americanos, “larger than life”, una personalidad que parece salir de una novela de su amigo García Márquez. Una personalidad que sólo América Latina podía producir.

Basta compararlo con Rajoy, ese contable gris de los recortes, con la vulgaridad sin grandeza de Montoro, con el falso tecnicismo de de Guindos. Visto desde un país donde el Presidente del Gobierno está permanentemente incomunicado, donde Cospedal tartamudea frases incoherente frente a las preguntas de los periodistas, los proclamas altisonantes de Chavez tenían algo de majestuoso, incluso cuando su contenido dejaba mucho que desear.

Podríamos pasar una semana mencionando los defectos de Chavez. Autoritario, sin duda. Difícil imaginar que escuchara a alguien. Difícil pensar que tuviera un gran respeto por el proceso democrático, incluso si hay que decir que sus adversarios tampoco tienen mucho, ya que intentaron desalojarlo con un golpe de Estado. Chavez ha muerto sin poder contestar la respuesta más difícil, la que determinaría si se trataba de un presidente autoritario o de un dictador: ¿Qué pasaría el día en que perdiera las elecciones? Se trata de una pregunta importante para saber quién fue de verdad Hugo Chavez, una que se quedará sin respuesta.

Pero si Chavez fue un presidente autoritario (algo usual en América Latina), fue también algo nuevo: un autoritario que está del lado de los más pobres, un autoritario del lado de los desfavorecido. Nuestro pequeño contable con barba gris, nuestro patético ejecutor de las órdenes alemanas, es sin duda un Presidente del Gobierno tan democrático como Chavez (o quizás no: Chavez una mayoría mayoría absoluta "real" en el Congreso, no una conseguida con tan sólo el 44% de los votos), pero trabaja del lado de los que más tienen, a costa de los desfavorecidos. Chavez era una figura a veces cómica, que pero ha intentado hacer mucho para los que peor están. A veces lo ha conseguido, a veces no.

Quizás la única figura en Europa que se acerca, por carisma, a Hugo Chavez es Silvio Berlusconi, él también una figura de alguna manera “larger than life”. Así como Berlusconi, ciertos aspectos de la personalidad de Chavez resultan excesivos, incluso desagradables. Cómo Berlusconi Chavez atacaba cada vez que se sentía atacado en un punto débil. Cómo Berlusconi era un Presidente autoritario, si bien Berlusconi lo fue para favorecer a los ricos, máxime al más rico de todos: él mismo. Chavez no.

Quizás, en cierta medida, Chavez fue un Berlusconi. Pero fue un Berlusconi de los pobres, y esto es muy importante.

¿En que condiciones saldremos de la crisis?

Es de hoy la noticia que el número de parados registrados en España supera por primera vez los cinco millones. Un año de gobierno Rajoy, una reforma laboral que ha eliminado los derechos de los trabajadores, unos recortes brutales que han afectado sobre todo a los má pobres, y este es el resultado. No debe sorprendernos.

Que la reforma laboral era una estafa y que no servía para crear empleo lo decíamos ya hace un año. Entonces nos contestaron que éramos unos comunistas.

Que los recortes no sirven para salir de la crisis, que sólo generan más paro y más desigualdad social también lo dijimos. Nos contestaron que había que seguir la receta de Merkel.

Pues, hemos seguido la receta Merkel, así como lo hicieron Grecia y Portugal, y, junto a estos países, somos los que peor están en Europa. Los países que han invertido en políticas de crecimiento se están lentamente recuperando, nosotros, Grecia, Portugal, seguimos hundiéndonos. Las políticas de austeridad tienen un sólo objetivo: garantizar la solvencia de los bancos alemanes que han financiado la burbuja inmobiliaria en España.

La austeridad no funciona, y esto lo sabíamos nosotros y lo sabía el gobierno. La cuestión es otra: las medidas del gobierno no sirven para salir de la crisis, pero sí sirven para preparar el después de la crisis. Con estas medidas, en el momento en que España salga de la crisis los hará con un sistema más injusto, con menos derechos para los trabajadores, con menos servicios, con menos sanidad, con una educación de élite.

Esta es la verdadera política del gobierno, y no se trata de una política con bases económicas sino ideológicas. El gobierno sabe muy bien que, desde el punto de vista económico, sus medidas no tienen sentido. Pero si tienen sentido desde un punto de vista ideológico para preparar la España que saldrá de la crisis.

No es casualidad que mientras los más desfavorecidos están pagando la crisis, la élite económica que la ha causado se está enriqueciendo con ella. No es casualidad que mientras dos millones de españoles acuden a comedores sociales, los banqueros y los industriales reciben indemnizaciones millonarias con nuestro dinero.

El problema del gobierno no es salir de la crisis, es salir con una España dominada aún más para las élites económicas y políticas.