¿Desde cuando existe el selfie?

¿Desde cuándo existe el selfie? La respuesta a esta pregunta puede resultar más complicada de lo que parezca. Si con "selfie" entendemos simplemente la foto que uno se hace a sí mismo sin usar el automático, ya estamos hablando de un tiempo considerable: el armlength portrait existe desde hace mucho tiempo, por lo menos desde que las máquinas fotográficas se hicieron más pequeñas que cajas de vino y que los tiempos de exposición empezaron a medirse en fracciones de segundo.

Pero no está tan claro que el armlength portrait y el selfie sean la misma cosa. Hay, para empezar, la cuestión semántica. El lenguaje no nombra objetos, los crea: algo que no tiene un nombre tiene un nivel de realidad menor que algo que lo tiene. Y en este sentido, el armlength portrait, simple modificación de una clase más amplia (portrait) es menos real que el selfie, objeto en si mismo, nombre autónomo en el lenguaje.

Este nombre nos habla también de un cambio de ambiente y de actitud. Armlength portrait es un término muy descriptivo: nos cuenta como se hace la foto. El acento es en la foto y en el procedimiento; el sujeto se queda un poco en la sombra. No es así en el caso del selfie: aquí el mismo nombre pone el acento no sólo en la persona sino en su independencia y, diría en su egoísmo (no podemos pasar por alto el posible juego de palabras: quien se hace un selfie es selfish). Se ha escrito que una de las características del neoliberismo es remplazar el “you must” con un “you can” que, al fin y al cabo, genera más presión y cadenas que la disciplina directa del “you must”. You can: por tanto si no tienes éxito, si no tienes dinero, la culpa es tuya y sólo tuya. Se crea una sociedad en que cada persona debe convertirse en emprendedor de sí mismo en lucha con los demás, una sociedad del rendimiento y del egoismo. El selfie es la foto de uno por uno mismo, es la renuncia a cooperar con los demás. Con el selfie la foto se sumete al imperativo del rendimiento y de la producción, un paroxismo fotográfico ordenes de magnitud más grande de lo que antaño levantaba la sonrisa a la vista de los turistas japoneses y de sus cámaras siempre al punto de disparar. El selfie es la eficiencia productiva aplicada a la representación se si mismo.

Pero la diferencia fundamental entre el selfie y el armlength portrait es de carácter técnico. La persona que se hacía una foto con una cámara con carrete no podía ver la foto hasta unos días más tarde, cuando ya era tarde para volverla a hacer si salía mal. Había por tanto no sólo una componente de azar, sino también una de irreversibilidad y de riesgo. El armlength portrait tiene un coste (hay que gastar película) y un riesgo de que no salga: estos dos elementos son esenciales para entenderlo. Podemos incluso considerarlo como una pequeña metáfora de una manera de ver el mundo, una postura sin miedo que acepta la imprevisibilidad,reconoce que es imposible controlarlo todo, y acepta el riesgo que esto conlleva con entusiasmo e incluso con alegría.

Comprado con esto, el selfie se presenta más como el producto de una sociedad obsesionada con el peligro, ansiosa de control, de previsibilidad, de seguridad. El selfie no supone riesgos: quien lo hace puede ver perfectamente lo que va a salir y si, por alguna razón, el selfie sale mal, la cosa no tiene consecuencias: se borra y se vuelve a hacer.

El selfie es una metáfora mínima pero reveladora de la sociedad ideal que se nos vende en este rincón del siglo XXI: controlada, determinada por un guión, sin sorpresas y sin responsabilidad. En fin, Disneyland.

La legitimización de la cacofonía

Renfe (la compañía española de ferrocarriles) estrenó, este verano el “coche silencioso” en sus trenes AVE (alta velocidad), un coche en que no se permiten niños de menos de 14 años y en que no se puede escuchar música sin auriculares, hablar por móvil, hablar en voz muy alta, etc. Es decir, un coche en que la gente que busca paz--y que se respete su paz--pueda viajar sin estar sujeta a la cacofonía que impera en la mayoría de los trenes.

Se trata de una idea que se ha experimentado en otras redes de ferrocarriles e, incluso, en varios metros en el mundo y que ahora Renfe trae a España. Para nosotros que amamos viajar leyendo un libro en santa paz, echando una cabezadita o simplemente mirando el paisaje que desfila detrás de la ventanilla se trata de algo muy útil pero, al mismo tiempo, de algo fuertemente ambiguo.

Creando un coche silencioso se admite y se legitimiza el ruido, se admite que la falta de respeto para la paz ajena se ha convertido en la normalidad. Si hay un coche silencioso es porque, en circunstancias normales, toda cacofonía está permitida, toda invasión de la paz ajena está justificada. Se trata de una normalidad tan autorizada y tan legítima que quien siga queriendo tranquilidad tendrá que ser aislado, tal como un animal salvaje en una reserva natural. Pero, así como el animal en la reserva natural cesa de ser salvaje y se convierte de alguna manera en un cómplice involuntario de quien ha destrozado su ambiente, así nosotros, encerrados en la jaula del coche silencioso, nos vemos obligados a convertirnos en cómplices de las manadas que nos han quitado el silencio. Encerrados en el coche silencioso conseguiremos quizás (me pregunto si la cosa durará) nuestra tranquilidad, pero al mismo tiempo nos veremos obligados a conceder que es normal escuchar música con altavoces en el medio de una multitud, es normal no hacer que los niños no molesten, es normal hablar a gritos, con o sin móvil.

El coche silencioso es una zona donde se suspende la normalidad y, por tanto, no se trata de un intento de re-establecer una normalidad perdida, sino una aceptación (no se sabe si resignada o entusiastica) de la nueva vulgaridad.

Si el ruido y la molestia se hubieran reconocido como una situación fuera de la normal convivencia civil, lo lógico habría sido crear no un coche silencioso, sino un coche ruidoso, donde se suspende la normalidad y se permite el ruido. En este caso tampoco habríamos tenido que asistir al espectáculo penoso de Renfe que declara con orgullo que los billetes del coche silencioso tendrán el mismo precio que los demás, como si querer una convivencia civil fuera un privilegio y no una aspiración legítima.

Tarjetas Opaca, morro y Santa Ignorancia

Hay tantos escándalos en España que es difícil orientarse. Con frecuencia espantosamente regular nos enteramos de nuevas y creativas maneras en que la élite política y económica ha abusado de su poder y sus privilegios, enriqueciéndose a nuestra espalda y con nuestro dinero, justo en el momento en que la misma élite ha impuesto recortes que han reducido muchos españoles en la pobreza.
Parece, a veces, que ni siquiera nos da tiempo a conocer los detalles de un escándalo que otro se destapa y lo empuja fuera de las portadas de los periódicos: Gürtel, Urdangarín, los EREs, Fabra, Bárcenas, Guemes, Sonia Castedo, Pujol, Acebes,... la lista parece no tener fin. Esta frecuencia conlleva un peligro: que los nuevos escándalos saquen los viejos del ojo del público y de la consciencia colectiva; el olvido público es lo que los implicados más desean. Hay que cuidar no otorgárselo.
El último (por el momento) gran escándalo en orden de tiempo es el de las tarjetas de crédito “opacas” de Caja Madrid: tarjetas supuestamente de representación que los consejeros de la caja usaban para gastos personales o hasta para sacarse un sobresueldo en negro y en efectivo de los cajeros. (Pero, stay tunes: ya mientras escribo este escándalo podría no ser el último: parece que altos cargos del gobierno valenciano hicieran un uso parecido de sus fondos de caja fija.) Se trata de un escándalo especialmente odioso por las circunstancias en que se produjo, por las personas implicadas, por sus comportamientos y declaraciones.
Caja Madrid es la entidad más grande entre las que constituyeron Bankia, una fusión tan magistralmente planeada y ejecutada que en 2012, un año escaso tras su salida a bolsa, tuvo que ser rescatada con 20.000 millones de dinero público--el doble de los recortes en sanidad y educación. Mientras Caja Madrid se estaba hundiendo, los consejeros se gastaban millones en joyas, comida y viajes de lujo. Los altos cargos, los que tenían que vigilar la salud de la entidad, la desangraban. Desde 2012 Bankia ha despedido a 5.000 trabajadores: estas personas han pagado con su trabajo las joyas y las comidas de la élite. Y su incapacidad: cabe recordar que el Sr. Blesa, ex-presidente de Caja Madrid, es un inspector fiscal sin otra calificación para dirigir un banco que ser amigo del ex-presidente del gobierno Aznar.
Este escándalo, como otros antes, también evidencia la pequeñez y la escasa altura intelectual y cultural de nuestra élite. No quiero decir que habría aprobado o justificado a alguien que hubiera usado la tarjeta para viajar a Chicago porque Abbado dirigía Mussorgsky o a Tokio para un estreno de teatro Nôgaku. No lo habría justificado, pero de alguna manera me habría dado más confianza en nuestros gestores que saber que se gastaban el dinero en comidas pantagruélicas y clubes de alterne. Deberían ir a la cárcel igual, pero por lo menos podrían trabajar en la biblioteca de la cárcel. Que una persona como el Sr. Blesa, con un sueldo millonario use la tarjeta opaca para pagar 1.60 Euro de aparcamiento me parece--no encuentro otra palabra--cutre. Como dicen los americanos, “se puede sacar el hombre del pueblo, pero no se puede sacar el pueblo del hombre”.
Tampoco podemos olvidar las declaraciones de estas personas en el pasado. El Sr. Arturo Fernandez, ex vicepresidente de la patronal, es el hombre que cuando el gobierno de Mariano Rajoy aprobó su infame reforma laboral declaró: “se acabó el café gratis para todos”. Para el no se había acabado: ha gastado 39.000 Euros con su tarjeta en negro, y esto da para mucho café. Espero que tanto café no le impida dormir: la idea de sus empleados pagado en negro parece que no, que nunca se lo ha impedido.

Un aspecto especialmente odioso de este escándalo son las justificaciones de los implicados. Recordemos que se trata de las personas en buena parte responsables de la creación y la venta de las participaciones preferentes. Se trata de instrumentos financieros complejos y de alto riesgo que los bancos, sobre todo Bankia, han vendido como inversiones seguras a pequeños ahorradores que han acabado perdiendo todo su dinero. La mayoría de los clientes eran pensionistas que buscaban una inversión segura para los ahorros de su vida y que--poco acostumbrados a las complejidades del mundo financiero--se fiaban del banco de que eran clientes desde siempre.
La defensa de los altos cargos de Bankia y Caja Madrid, incluso el Sr. Blesa, fue tajante hasta el insulto: quien compra una inversión es responsable de lo que compra, y quien firma un contrato sin leerlo o sin entenderlo no puede usar la ignorancia como escusa. Palabras insultantes porque entre los clientes se cuentan varias personas de más de 90 años e incluso un ciego.
Pero ahora, en el medio del escándalo de las tarjetas, la ignorancia es precisamente la escusa que buscan los que se consideraban genios de la financia: no sabían si la tarjetas eran de representación o privadas, no sabían si había que traer justificantes, no sabían si había que pagar impuestos sobre su sobresueldo. No sabían nada.
Para Blesa y sus amigos, un jubilado debería saber todo de una inversión compleja como las preferentes, y si no lo sabe la responsabilidad es suya. Pero según él es normal que los altos cargos de una entidad financiera ignoren adonde va y de donde viene el dinero de su tarjeta y, si no se enteran de que había que pagar impuestos sobre ellas, esto les exonera de responsabilidades.

Los humildes tienen que saberlo todo, pero los altos cargos y los poderosos se pueden permitir la ignorancia.

Spain is different.

El ébola en España: cronica de una chapuza anunciada

La Sra. Teresa Romero, la enfermera contagiada por ébola en Madrid, está fuera de peligro. Se trata, falta no hace decirlo, de una noticia buenísima, de que todos nos alegramos, y esperamos que también las personas que siguen en observación salgan de esta pesadilla.
También esperamos que ahora, finalmente, podamos hablar de la actuación del gobierno en este asunto sin desencadenar el ultraje de la derecha: durante las últimas dos semanas cada vez que alguien se atrevía a poner en entredicho la acción del gobierno era acusado, por cierta prensa de derechas, de usar una tragedia humana con fines políticos. Estos comentaristas olvidaban, me parece, que la decisión de repatriar a los misioneros con ébola fue una decisión política y, por tanto, que este asunto era político desde el principio. (También me hubiera gustado que estos comentaristas hubieran hecho muestra de los mismos criterios cuando el PP usaba las tragedias humanas del paro, de la inmigración, o de las víctimas del terrorismo con fines políticos. Pero sabemos que la memoria es imperfecta, y la memoria interesada lo es aún más). Ahora, pero, parece que ha llegado el momento de pedir al gobierno explicaciones sobre algunos puntos importantes.

1. La decisión del gobierno de Esperanza Aguirre de desmantelar el centro infecciones del hospital Carlos III en 2012, el único centro que reunía, en parte, las condiciones para tratar enfermos de ébola. Como consecuencia de esta decisión, España ha llegado a esta crisis sin un hospital en condiciones.
2. La decisión de repatriar a los enfermos. Se trata de una decisión arriesgada en vista de las condiciones creadas por el punto 1, y de una decisión que iba en contra de los consejos de los epidemiólogos y de los médicos. Estos apuntaban a como en el caso de una infección (máxime de una enfermedad que no tiene cura), no es aconsejable sacar a los pacientes de la zona del contagio, para evitar el riesgo de difusión. Se podía haber enviado un hospital militar o médicos para dar a los pacientes los paliativos que se le han dado en Madrid. Pero la decisión, tomada por políticos en contra de la opinión de los técnicos, fue la repatriación.
3. Las condiciones en que se han tratado los enfermos. Llama la atención que la organización médicos sin frontera haya conseguido, en África y en el medio de una situación que se escapaba de su control (no han, claramente, decidido ellos el momento y la extensión de la epidemia), crear un centro de nivel de seguridad P4 mientras el gobierno de España, en un país supuestamente desarrollado y en una situación controlada (ellos han decidido cómo y cuándo repatriar), sólo hayan conseguido un centro de nivel 2 muy imperfecto.
4. La falta de formación del personal. El personal especializado ya se había ido en 2012 cuando se cerró el Carlos III. El personal no especializado que quedaba ha recibido como única formación un cursillo de 30 minutos en que ni siquiera hacían prácticas para ponerse y quitarse el traje. Esto para los afortunados: resulta ahora que muchos enfermeros recién vueltos de vacaciones (estábamos, recordamos, en Julio) han sido enviado directamente sin ninguna formación. Esto en contraste con los citados médicos sin fronteras, que entrenan su personal sanitario con un curso de dos semanas, seguido por una temporada tutorizada en el hospital.
5. Las faltas en el protocolo. Cámaras que no funcionaban, supervisión inexistente a la hora de quitarse los trajes, etc.
6. La falta de un protocolo de seguimiento, denunciada por los sanitarios en contradición con las declaraciones del consejero de salud de Madrid. La Sra. Romero debía tener un número especial, reservado para los sanitarios que habían estado en contacto con los enfermo, y a los primeros síntomas, debía ser trasladada al Carlos III con una ambulancia aislada. Pero cuando llamó al Carlos III se le dijo que tenía que ir a su hospital de referencia, donde fue trasladada con una ambulancia no aislada que se continuó usando toda la noche, exponiendo al contagio el personal y siete pacientes más.
7. La actuación vergonzosa de la ministra que en dos ruedas de prensa no tuvo nada que decir. Tan vergonzosa que el mismo Rajoy la ha desacreditado, dado que la comisión especial que se ha creado (demasiado tarde) es presidida por Soraya Saez de Santamaría, y no por la ministra.
8. La actuación infame del consejero de Sanidad de Madrid, Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, que intentó que toda la culpa recayera sobre la Sra. Romero.

Hay más problemas, pero estos parecen suficientes para poner en entredicho la actuación de las autoridades políticas que han demostrado arrogancia (en no seguir el consejo de los médicos), incapacidad (en no saber gestionar las enfermedades y luego el contagio) y cobardía (en intentar que la culpa recayera sobre la enfermera). Un comportamiento indigno de representantes público. Ahora la Sra. Romero está mejor. ¿Se pedirán, por fin, responsabilidades políticas?

¿Quien dijo que la crisis era culpa nuestra?

Recientemente, la cancillera alemana Angela Merkel ha vuelto a declarar que todos los países deben cumplir el pacto de estabilidad o, en lenguaje más plano, que todos los países deben continuar con la austeridad y los recortes.

Se trata de una prueba más, si falta hacía, que en esta etapa del neoliberismo hemos entrado en el mundo del surreal. La austeridad ha causado la ruina social de Grecia, Portugal y España. Ya sabemos que no funciona, ya sabemos que la doctrina de la austeridad se basa en una teoría económica que se ha demostrado errónea, un artículo de 2010 de Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff (Growth in Time of Debt, National Bureau of Economic Research working paper 15639) que contenía hipótesis dudosas y errores de cálculo. Pero Merkel, y Europa con ella, insiste en su rumbo.


De hecho, toda la crisis empezada en 2008 es un ejemplo se surrealismo. Se trata de una crisis financiera y del neoliberismo, una crisis provocada por la incapacidad y la codicia del capitalismo global. Se trata de una crisis que ha puesto en tela de juicio, una vez para todas, la supuesta racionalidad de los mercados.

Pero el capitalismo neoliberista está usando esta crisis para terminar su eliminación del estado de bienestar, para usar dinero público para sus negocios privados. Los que han causado la crisis están dando recetas sobre cómo salir. En un país como España donde el Estado tenía una deuda del 80% del PIB y los bancos tenían una del 250% del PIB son los bancos que están dictando las medidas para salir de la crisis.

Christian Laval y sus colegas, en su libro La nouvelle école capitaliste notan este absurdo: Si es cierto que el mercado ha sido brutalmente destituido de su lugar de gran fetiche, nunca antes los mercados y en particular los mercados financieros han tenido tanto poder frente a los gobiernos. Tras la fase de salvación de los bancos [con dinero público], calificada erróneamente como "vuelta al Keyesismo", la crisis ha sido un estímulo potente de las reformas neoliberales, y un acelerador de las injusticias sociales.

El neoliberismo ha conseguido convertir sus fracasos en medidas para reforzarse, ha conseguido convencernos que sus errores eran errores del Estado, y que el problema no era du deuda, sino la deuda del estado. La culpa es nuestra: los especuladores lo han dicho y repetido desde sus foros, y nosotros lo hemos creído. Pues, nos han mentido: no es el estado que ha vivido por encima de nuestras posibilidades, son ellos.

Como no firmar electrónicamente

A finales del año pasado tramité una solicitud con el ministerio cuya naturaleza no es, en este contexto, importante. Parece que hubo un pequeño error en mi solicitud, y hace unos días el ministerio me envió un email diciéndome que tenía que corregirla (la expresión oficial es “subsanar”). La subsanación se hace a través de una página web, de que en el email se incluía la dirección.

Aquí empezaron los problemas: el sistema me dejaba cambiar mi solicitud, pero recibía un error incomprensible cuando intentaba guardarla (una de esas largas listas de excepciones Java que para el usuario son tan útiles cuanto un jersey para un armadillo). Buscando, noto que el ministerio me avisa, en el medio de un párrafo denso de información inútil, que el sistema no funciona con el navegador Chrome. Concluyo que en parte la culpa es mía por no saber detectar la información útil en el medio de la inútil, y envío unos pensamientos que es mejor no repetir hacia los programadores (con lo fácil que es detectar el navegador que el usuario está usando, ¿qué les costaba hacer aparecer una ventana que decía ¡NO SIGAS! ¡ESTO NO VA A FUNCIONAR!?).

Cambio de navegador y termino el proceso sin más incidencias que los errores e inconsistencias normales en cualquier

página web. A los pocos días recibo otro email: se me recuerda que tengo que registrar la solicitud. (¿Por qué? ¿Qué necesidad hay, dado que ya he guardado los cambios? No se pregunta: cuando uno se enfrenta a una burocracia deja la lógica en la puerta y hace lo que le dicen.) En el email hay otro enlace. Lo pulso, pero resulta que no me lleva a la página para registrar: lo que hace es desactivar (sin pedir confirmación) el envío de más recordatorios. Pienso que es mejor registrar en seguida, antes de que se me olvide. En unos diez minutos de navegación frenética llego a la página correcta, con un botón que dice “Firma”. Lo pulso. No sucede nada. Pánico. Lo pulso otra vez. Nada. Lo pulso veinte veces como un obseso. Nada. Bebo un vaso de agua, respiro hondo, visualizo mi quiet place, digo seis veces “om”, y recupero bastante compostura como para darme cuenta que en un rincón poco visible del navegador hay un pequeñísimo mensaje que dice “error in the page”. Mi dominio perfecto del inglés me permite deducir que hay un error en la página (¿en qué página? Misterio. En la presente, claramente no: la veo perfectamente).

Cuando paso el cursor por encima del mensaje, este no cambia transformándose en una manita, pero intentando la secuencia clic, doble-clic, triple-clic, serie-desesperada-de-clic, consigo abrir una ventana. Allí, redactado en un dialecto tan friqui que no lo entienden ni en los cafés de Palo Alto, está un mensaje de error. Dudo que un usuario cualquiera hubiera conseguido entender algo, pero sé bastante de informática como para entender que había un error en el “certificado” (¿de nacimiento? ¿de matrimonio? No puedo ni pensar lo que habría imaginado de no ser informático).

Buscando un poco más en las páginas e interpretando oportunamente algunos acrónimos y siglas, consigo entender que hay un problema con mi firma electrónica. Pues, claro que hay un problema: ¡no la tengo! (y ahora que he visto cómo funcionan las páginas que la usan, ni se me ocurre conseguirla). Pero... benditos hombre necios que programáis, a la web sin razón, ¿no me podíais avisar desde el principio que iba a necesitar la firma electrónica y que la página se iba a plantar si no la tenía? ¿Por qué estos siempre asumen que si ellos saben algo, todo el mundo tiene que saber lo mismo? ¿Si yo supera todo lo que saben los técnicos del ministerio, para que los necesitaría?

El resultado de mi pequeña aventura, a parte tener que ir al registro para registrar mi solicitud en papel, ha consistido en un par de consideraciones.

La primera es la pésima calidad de los sistemas informáticos basados en la red. Principios de diseño “user friendly” descubiertos hace décadas parecen haber desaparecido, y hay programas escritos hace 30 años para pantallas monocolor no-gráficas que son más intuitivos y más fáciles que usar que las últimas creaciones con millones de colores y ventanas sobre ventanas. Alguien debería recordar a los diseñadores que la tecnología ha cambiado, pero las personas no: seguimos teniendo las mismas intuiciones.

Como programador y enseñante de programación, esta situación me ofende profundamente.

La segunda observación es que, hasta que la calidad de los programas mejore considerablemente, limitaré cuanto pueda el uso de la red para asuntos importantes, e intentaré usar sólo sistemas que adopten la simplicidad como criterio: páginas de reservas de hotel y compra de billetes donde no sea necesario registrarse, servicios que tengan una buena interfaz, que tengan mensajes de error que me digan lo que me está pasando a mi, y no lo que le está pasando al sistema, etc. Evitaré en la medida de lo posible sitios que me pidan registrarme y crear una cuenta (a menos que no exista una clara necesidad--un servicio de email o un banco, por ejemplo).

No sé cuánto esto podrá durar. Las hordas informátizantes son tan rápidas que no nos dan tiempo para crear una cultura de la buena programación y del buen diseño, y temo que en un futuro próximo más y más servicios esenciales serán cubiertos programas de dudosa calidad.

Mientras tanto, sólo mi estilográfica es digna de hacer mi firma, sólo el papel de recibirla.

La deuda pública derrota la jurisdicción universal

Gracias a su mayoría absoluta (de escaño, no de votos), el Partido Popular ha aprobado, con procedimiento de urgencia, una ley que limita drásticamente el principio de jurisdicción universal, es decir, la posibilidad, por parte de jueces españoles, de investigar violaciones graves de los derechos humanos cometidas en cualquier parte del mundo. El gobierno que en dos años no ha sabido aprobar una ley que impida la tragedia de los desahucios, el gobierno que no ha sabido (o querido) investigar las responsabilidades del escándalo de las preferentes, este mismo gobierno aprueba, en tiempo récord, una ley para limitar la posibilidad de juzgar violadores de derechos humanos. A causa de esta ley, habrá que abandonar casos importantes tales como las violaciones de los derechos humanos en Guantánamo, la muerte en Irak del cámara español José Couso, el asesinato de los Jesuitas españoles en El Salvador por parte de los escuadrones de la muerte, et.

¿Por qué esta ley, y por qué ahora?

En línea general, el gobierno Rajoy no es muy amigo de las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos, como demuestran ampliamente los obstáculos que el gobierno ha puesto a cualquier investigación de los crímenes del franquismo. Pero, antipatías ideológicas aparte, la urgencia de esta ley tiene una motivación política muy directa: con ella, los jueces no podrán seguir investigando la cúpula del Partido Comunista Chino, acusada de responsabilidades en el genocidio en Tíbet.

Puede aparecer peculiar que un gobierno de derecha, que se autoproclama liberal, ataque de manera tan directa los derechos humanos (uno de los fundamentos del liberalismo) para salvar de los jueces a unos dirigentes comunistas. La explicación en realidad es sencilla y, parafraseando el lema de los detectives franceses, podríamos expresarla como cherchez l’argent !. China es un socio comercial importante para España y, cosa aún más importante, posee el 20% de la deuda pública española en el exterior. Es decir: China ha comprado un quinto del gobierno español. Con esta cantidad de dinero hoy en día se compran muchas cosas, incluso la impunidad para el genocidio.

Se trata, al fin y al cabo, de un simple signo de los tiempos, de una señal de las relaciones de fuerza entre economía y política en la era del neoliberismo. La deuda pública pertenece a la esfera económica, los derechos humanos a la esfera política. Y en un régimen neoliberal la economía prevale sobre la política. Siempre.

Entre las víctimas de estas relaciones de fuerza están el estado nacional-burgués con sus pillares: la soberanía nacional y la democracia representativa.

La soberanía nacional, desde el siglo XVIII, estipula que el poder para resolver los asuntos de una nación reside en la nación misma. Es un principio que, llevado al extremo, proporciona a la derecha la justificación ideológica para acabar con la jurisdicción universal. Sin embargo, es un principio incompatible con la política económica que la derecha está llevando a cabo en España, una política dirigida por organismo no nacionales, organismos “técnicos” no elegido tales como la Comisión Europea, el FMI, o el BCE. Es necesaria una dosis notable de hipocresía para apelarse a la soberanía nacional cuando se trata de atacar los derechos humanos y al mismo tiempo dejar en mano de organismos técnicos internacionales decisiones que han causado pobreza y sufrimiento en los españoles, decisiones políticas que deberían constituir la base de la soberanía.

La democracia representativa asume la existencia de conflictos políticos internos a la ciudadanía, y proporciona un mecanismo, basado en el voto, para resolverlos. Pero la democracia se queda vacía cuando, a causa del poder de la economía, uno de sus principios básicos--los derechos humanos--es ignorado a favor de tiranos con el poder de controlar nuestra economía.

Es probable que los estados nacionales modernos hayan terminado su etapa histórica y que el nuevo panorama económico nos obligue a encontrar nuevas formas de organización política. Es posible también que tengamos que revisar la democracia de tipo burgués-representativo surgida de la ilustración. Luchar para mantener lo que la historia ya ha descartado es una batalla perdida. Pero sí hay que luchar para que los cambios inevitables sean cambios hacia adelante, hacia una mayor participación ciudadana, y no un regreso hacia el totalitarismo, por disfrazado que sea de tecnicismo económico.

La ley del PP, la renuncia a los derechos humanos debida a las presiones económicas nos recuerdan que es esencial recuperar la supremacía de la política sobre la economía; que en 50 años habrá desaparecido el neoliberismo o habrá desaparecido la democracia: los dos son incompatibles.