También esperamos que ahora, finalmente, podamos hablar de la actuación del gobierno en este asunto sin desencadenar el ultraje de la derecha: durante las últimas dos semanas cada vez que alguien se atrevía a poner en entredicho la acción del gobierno era acusado, por cierta prensa de derechas, de usar una tragedia humana con fines políticos. Estos comentaristas olvidaban, me parece, que la decisión de repatriar a los misioneros con ébola fue una decisión política y, por tanto, que este asunto era político desde el principio. (También me hubiera gustado que estos comentaristas hubieran hecho muestra de los mismos criterios cuando el PP usaba las tragedias humanas del paro, de la inmigración, o de las víctimas del terrorismo con fines políticos. Pero sabemos que la memoria es imperfecta, y la memoria interesada lo es aún más). Ahora, pero, parece que ha llegado el momento de pedir al gobierno explicaciones sobre algunos puntos importantes.
- La decisión del gobierno de Esperanza Aguirre de desmantelar el centro infecciones del hospital Carlos III en 2012, el único centro que reunía, en parte, las condiciones para tratar enfermos de ébola. Como consecuencia de esta decisión, España ha llegado a esta crisis sin un hospital en condiciones.
- La decisión de repatriar a los enfermos. Se trata de una decisión arriesgada en vista de las condiciones creadas por el punto 1, y de una decisión que iba en contra de los consejos de los epidemiólogos y de los médicos. Estos apuntaban a como en el caso de una infección (máxime de una enfermedad que no tiene cura), no es aconsejable sacar a los pacientes de la zona del contagio, para evitar el riesgo de difusión. Se podía haber enviado un hospital militar o médicos para dar a los pacientes los paliativos que se le han dado en Madrid. Pero la decisión, tomada por políticos en contra de la opinión de los técnicos, fue la repatriación.
- Las condiciones en que se han tratado los enfermos. Llama la atención que la organización médicos sin frontera haya conseguido, en África y en el medio de una situación que se escapaba de su control (no han, claramente, decidido ellos el momento y la extensión de la epidemia), crear un centro de nivel de seguridad P4 mientras el gobierno de España, en un país supuestamente desarrollado y en una situación controlada (ellos han decidido cómo y cuándo repatriar), sólo hayan conseguido un centro de nivel 2 muy imperfecto.
- La falta de formación del personal. El personal especializado ya se había ido en 2012 cuando se cerró el Carlos III. El personal no especializado que quedaba ha recibido como única formación un cursillo de 30 minutos en que ni siquiera hacían prácticas para ponerse y quitarse el traje. Esto para los afortunados: resulta ahora que muchos enfermeros recién vueltos de vacaciones (estábamos, recordamos, en Julio) han sido enviado directamente sin ninguna formación. Esto en contraste con los citados médicos sin fronteras, que entrenan su personal sanitario con un curso de dos semanas, seguido por una temporada tutorizada en el hospital.
- Las faltas en el protocolo. Cámaras que no funcionaban, supervisión inexistente a la hora de quitarse los trajes, etc.
- La falta de un protocolo de seguimiento, denunciada por los sanitarios en contradición con las declaraciones del consejero de salud de Madrid. La Sra. Romero debía tener un número especial, reservado para los sanitarios que habían estado en contacto con los enfermo, y a los primeros síntomas, debía ser trasladada al Carlos III con una ambulancia aislada. Pero cuando llamó al Carlos III se le dijo que tenía que ir a su hospital de referencia, donde fue trasladada con una ambulancia no aislada que se continuó usando toda la noche, exponiendo al contagio el personal y siete pacientes más.
- La actuación vergonzosa de la ministra que en dos ruedas de prensa no tuvo nada que decir. Tan vergonzosa que el mismo Rajoy la ha desacreditado, dado que la comisión especial que se ha creado (demasiado tarde) es presidida por Soraya Saez de Santamaría, y no por la ministra.
- La actuación infame del consejero de Sanidad de Madrid, Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, que intentó que toda la culpa recayera sobre la Sra. Romero.
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