Las monarquías Europeas son, generalmente, monarquías "de supervivencia", antiguas monarquías que, por falta de evento traumáticos que justificara su eliminación, se han mantenido, cediendo cada vez más poder hasta reducirse a una mascarada un poco anacrónica, divertida a veces. Pero ningún país que haya abandonado la monarquía en el Siglo XX ha vuelto a ella. Ninguno, con una excepción: España.
No sorprende por tanto que el asunto de la República sea más presente en España que en otros países. Pero, pasar de la monarquía a una república necesita una nueva constitución o, por lo menos, un cambio en profundidad de la que tenemos. Cambiar la constitución sólo para cambiar la forma de l estado supondría perder una ocasión única para corregir varios defectos de la constitución de 1978. La constitución de 1978 fue, sin duda, un logro para España, una manera de pasar de una dictadura a una democracia sin excesivos traumas. Pero, justo por esta razón, contiene compromisos y límites que, si eran lo mejor que se podía hacer en 1978, deberían ya haberse corregido en los 40 años que han transcurrido. Lamentablemente, no se ha hecho, pero nunca es tarde para mejorar la calidad democrática del país.
Uno de los aspectos más anómalos de nuestra constitución es el poder del ejecutivo. Los estados democráticos tienen dos tipos de gobiernos: gobiernos "fuertes" elegidos directamente o gobiernos "débiles" cuya investidura viene del parlamento que, solo, es elegido por el pueblo. EE.UU. es un típico ejemplo de país con gobierno fuerte: el parlamento no puede obligar el gobierno a dimitir, porque el jefe del gobierno (el Presidente) es elegido directamente. Italia es un ejemplo de país con gobierno débil. Los italianos eligen el parlamento que otorga la investidura al gobierno. Pero el gobierno necesita la confianza del parlamento, y perder una votación en que se ha puesto la "cuestión de confianza" obliga el ejecutivo a dimitir.
España es una excepción. El gobierno no es elegido directamente, y depende de la investidura del congreso, pero el gobierno puede disolver el congreso, y el congreso puede cambiar el gobierno sólo a través de una moción de censura. Se trata de un instrumento más difícil de usar que un voto de no confianza. Una no confianza simplemente obliga el gobierno a dimitir, y luego el normal mecanismo constitucional se pone en marcha para nombrar un nuevo gobierno. La moción de censura supone un candidato alternativo que consiga la mayoría, algo mucho más difícil de conseguir.
La consecuencia es una paradoja jurídica: es el parlamento quien autoriza el gobierno, pero en el momento en que el gobierno entra en función ya no necesita el parlamento y hasta lo puede disolver.
El funcionamiento del parlamento presenta también algunas particularidades que habría que volver a analizar. Creo que en ningún parlamento democrático exista una institución parecida a la mesa del parlamento español con poderes comparables. La mesa es un organismo con representatividad reducida que prácticamente domina el funcionamiento de la cámara.
España, otra vez caso único, prevé que todas las votaciones en el parlamento sean abiertas: no se permiten votaciones secretas. Esto otorga un gran poder a las secretarías de los partidos. Permitiendo la aplicación de la disciplina de partido, la votación abierta obliga a los diputados a ser fieles a su partido y no a sus electores. Muchos parlamentos restringen el uso de la votación abierta a un grupos restringido de cuestiones, por ejemplo cuando el gobierno pone la cuestión de confianza.
Del sistema electoral se ha hablado mucho. Se sabe que el sistema electoral español favorece los partidos grandes, y ha sido la causa principal del bipartidismo que ha dominado la política española durante 40 años y que no ha todavía desaparecido. El método de cálculo D'Hondt (que ha prácticamente desaparecido en el resto de Europa) y sobre todo la manera en que se asignan los votos "perdidos" (votos dados a partidos que en una circunscripción no han conseguido escaño) han causado el dominio bipartidista en España.
Los Padres de la Constitución eligieron estabilidad por encima de la representatividad, una elección que quizás tenía su raison d'être en 1978 pero que hoy, en un momento histórico en que la economía está quitando poder a la política y los consejos de administración tienen más representación en la decisiones políticas que los ciudadanos, quizás ahora habría que cambiar.
No comments:
Post a Comment