Hace unos días,
la prensa de derechas ha criticado a Candido Méndez, el secretario del
sindicado UGT, por ciertas declaraciones en que aparentemente llamaba
"ficticia" la mayoría absoluta del PP, y dudaba su legitimidad. Un
editorialista (de cuyo nombre no quiero acordarme) lo ha acusado simple y
llanamente de apoyar la tiranía y de tener una actitud profundamente
anti-democrática al no respetar el instituto electoral: “Poner en duda la
limpieza de los resultados de las últimas elecciones generales, sólo se le
ocurre a un defensor del pensamiento único establecido como instrumento del
poder.”
Ver a la
derecha criticando a los líderes sindicales no es algo que llame mucho la
atención. Supongo que conseguirían criticarle incluso si Méndez o Toxo (el
secretario de CC.OO.) salvaran a un niño (ya veo los titulares: Méndez y Toxo "salvan" a un niño
en vez de preocuparse por los trabajadores: ¿para esto pagamos al sindicato?).
Candido Méndez no es exactamente mi héroe sindical, ni su sindicado (demasiado
cercano a la esfera del poder) mi modelo, pero en este caso me parece que algo
de razón la tenga. Por lo menos, el argumento sublevado es interesante y merece
atención: ¿hasta que punto el sistema político Español puede llamarse
democrático? ¿Que grado de legitimidad democrática tiene la mayoría absoluta
del PP?
(En esto quiero
dejar al margen el debate, por cierto muy interesante, sobre los límites de la
democracia representativa y parlamentaria. Pongámonos por el momento dentro del
sistema de democracia burguesa tal como se ha desarrollado en Europa en los
últimos 200 años y, por el momento, aceptémoslo como hipótesis de discusión.)
El hecho de
tener elecciones, de por si, no garantiza una democracia. Cuba tiene elecciones
y también las tiene la Rusia de Putin, dos sistemas que creo muy pocos se
atreverían a llamar democrático. Para calificarse como legitimo en el sentido
de la democracia representativa, además de las elecciones deben darse ciertas
condiciones.
La primera, hay
que tener la posibilidad teórica de una elección entre alternativas reales. El
sistema español cumple esta condición hasta cierto punto. En práctica, la
escena política española se ve dominada por dos partidos muy similares (PP y
PSOE), pero hay, por lo menos en teoría, otras elecciones: IU, los partidos
nacionalistas como Amaiur, los partidos de la izquierda radical, etc.
La segunda
condición es que todas las posiciones puedan presentarse a los electores. Aquí
las cosas no están tan claras. Según Hannah Arendt, el espacio político
necesita no sólo la libertad de expresar opiniones, sino también la posibilidad
de ser oídos por los demás. Oído no quiere decir escuchado: cada uno se puede
negar a escuchar opiniones que no les gusten, pero sí hay que tener la
posibilidad de que las opiniones sean oídas. La libertad de palabra se queda
vacía si no hay posibilidad que las ideas sean escuchadas. Esta condición se
cumple, en España así como en el resto de la "democracias" de manera
muy imperfecta. Los grandes medios de
comunicación, máxime la televisión, viven de publicidad y por tanto dependen de
las empresas y a menudo no tienen otra elección que defender sus intereses.
Quien no lo hace acaba como el periódico “Público” que, a pesar de tener más
lectores que muchos periódicos de derechas, tuvo que cerrar por falta de
publicidad. El pensamiento único impera en los grandes medios, y las ideas alternativas
están condenadas a expresarse en medios con difusión marginal. Internet puede
mejorar la situación en este sentido pero, a pesar de su éxito, se trata
todavía de un medio minoritario, sobre todo en cuanto arena de debate político.
La tercera
condición es que todos los ciudadanos puedan votar y que todos los votos sean
contabilizados. Es decir, que no haya intimidación o dificultades interpuestas
a una clase de ciudadanos, y que no haya fraude burdo donde simplemente se
tiran papeleta y se las remplazan con otras. Aquí, afortunadamente, las cosas
no van tan mal en España. Más o menos todo el mundo puede ir a votar con
tranquilidad, y más o menos todos los votos se cuentan. La cuestión no es
baladí en cuanto hay países considerados la cuna de la democracia que no la
cumplen. Sólo hay que preguntarle a algún negro pobre que vive en el sur de
EE.UU. En las elecciones de 2000, en Florida (el Estado que dio la victoria a
Bush) se limpiaron las listas electorales de gente que tenía condenas por
“felony”. Esta gente vive sobre todo en distritos pobres, y el gobernador
(Republicano) dio explícitamente la orden de ser “generosos” con la limpieza: a
la mínima sospecha, fuera. Mucha gente cuyo nombre se parecía a el de un
criminal llegó a votar el primer martes de Noviembre y se dio cuenta que no
podía. En España hay muchos problemas pero, por lo menos, no estamos a estos
niveles.
La cuarta
condición es que la asignación de escaños en el congreso refleje más o menos el
resultado de las urnas. Hay dos versiones de esta condición: una fuerte y una
débil. La condición fuerte es la de proporcionalidad: un partido debería tener
una representación parlamentaria más o menos proporcional a los votos
recibidos. Esta condición claramente no se cumple en España: en las últimas
elecciones el PP recibió una mayoría absoluta de escaños con sólo un 44% de
votos. Las consecuencias son importantes: en el debate sobre los recortes de
Julio 2012, todos los partidos, excepto el PP, votaron en contra. Es decir, los
partidos que representan al 56% de los votantes votaron en contra, y sólo el
partido que representa al 44% votó a favor. El sistema electoral español hace
sí que una medida a que se oponen (según el voto) el 56% de los españoles sea
aprobada.
La versión
débil de la condición sostiene que si un partido A recibe más votos de un
partido B, entonces B no puede tener más escaños que A. Se trata de una
condición fundamental para que la democracia funcione: no sirve tener libertad
de voto, pluralidad de opiniones, acceso al voto, si luego quien recibe menos
votos tiene más escaños. Por increíble que pueda parecer, esta condición en
España no se cumple. En las últimas elecciones IU (1.600.000 votos) obtuvo 11
escaños, UPyD (1.150.000 votos) obtuvo 5 y CiU (1.000.000 votos) obtuvo 16. Con
menos votos que UPyD, CiU tiene tres veces el número de escaños. A UPyD un
escaño le costó 228.000 votos, a CiU 63.000.
El
incumplimiento de la cuarta condición, incluso en su versión débil pone en
entredicho la existencia de un régimen que se pueda llamar “democrático” en
España. Es cierto, tenemos todas las garantías necesarias para ir a votar. A
pesar de que los medios de comunicación estén en manos de los grandes partidos,
una persona con algo de recursos puede conseguir información de buena calidad.
Pero, ¿para que sirve todo esto? ¿Si al final la relación entre votos y escaños
es tan distorsionada que se crean mayorías absolutas de la nada y quien recibe
menos votos tiene más representantes, podemos decir que vivimos en una
democracia?
Quizás sería
más correcto decir que la transición se quedó a medias: ya no vivimos en una
dictadura, pero el pasado fascista tuvo bastante poder como para impedir que a
finales de los años ’70 se creara en España una democracia de verdad. Quizás en
ese momento esto fue inevitable, el precio que hubo que pagar para salir del
fascismo sin una guerra civil. Pero ya han pasado casi cuarenta años desde la
muerte del dictador (no mencionaré su nombre: no le daré la dignidad de un
nombre), y las escusas se están acabando. En 1978 no había otra opción que una
democracia imperfecta, esto lo puedo entender. Pero, ¿Qué hemos hechos desde
entonces? Ya es el momento de que dejemos atrás la dictadura, y que creemos un
sistema democrático para que, por fin, podamos tener un gobierno y un
parlamento que de verdad representen al pueblo español. Porque Candido Méndez
tiene razón: este gobierno, seguramente, no lo representa.
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